La Asociación de Empresarios Veterinarios de la provincia de Cádiz (AEVECCA) ha reclamado a la Junta de Andalucía poder participar, desde la experiencia de sus asociados, en la elaboración de la Ley de Bienestar Animal, como ha ocurrido en otras normativas relativas a la protección animal a nivel estatal.
Desde AEVECCA se lamenta, a la vez que se pone de ejemplo de la necesidad de regular los centros de acogida animal, lo ocurrido en Chiclana días atrás: la intervención del SEPRONA de la Guardia Civil para rescatar a unos 40 animales "hacinados y muertos literalmente de hambre, rodeados de basura y sin poder escapar de su captor, que lejos de velar por su bienestar, los tenía abandonados a su suerte, dejando que se murieran y se comieran entre sí, sometidos a una crueldad extrema".
En la provincia de Cádiz hay censadas 80 consultas veterinarias, 89 clínicas y dos hospitales veterinarios. Por otro lado, aproximadamente, hay unas 30 protectoras de animales en la provincia. "Se actúa, en ocasiones, con cierta descoordinación cuando veterinarios y protectoras coinciden en la búsqueda del bienestar animal".
Desde AEVECCA se vienen denunciando estos casos como el de Chiclana desde hace meses, reivindicando la necesidad de que en España "se legislen las condiciones de tenencia de animales con la perspectiva del bienestar animal, y que estén controladas por veterinarios, profesionales de la salud, preparados y formados para ello".
Actualmente, en Andalucía se está elaborando una ley de Bienestar animal "sin contar con los profesionales veterinarios". A nivel local, los ayuntamientos delegan los centros de protección animal (obligatorios por ley en municipios de más de 50.000 habitantes) a protectoras, "cuyo personal tiene mucha voluntad y realizan un trabajo encomiable de forma altruista, pero a veces sin la preparación necesaria. La dirección técnica debe llevarla un gestor preparado y la dirección sanitaria debe llevarla un veterinario".
La asociación de empresas veterinarias reclama un marco legal que establezca las condiciones de perreras, protectoras, casas de acogida y particulares que deciden tener más de siete perros bajo su responsabilidad. Y además establecer los controles necesarios a estos establecimientos para que estos casos dejen de aparecer.
Desde AEVECCA y otras asociaciones veterinarias se exige que se definan exactamente las condiciones higiénico-sanitarias de los animales, necesidades alimenticias, cuidados y tratamientos, curativos, pero sobre todo, preventivos. El personal que trabaje "ha de estar formado y con contrato laboral, porque puede haber casos en que bajo el abanico del voluntariado haya horarios laborales encubiertos, con la consiguiente competencia desleal".
Por otra parte el colectivo expuso que "hay ayuntamientos que sustituyen antiguas perreras y recogida de animales abandonados por centros de protección animal sin personal cualificado. Si aparece un brote de rabia, ¿quién será el responsable? ¿Y si aparecen brotes de leishmania humana? ¿Y si aparece el tétanos en algún voluntario? No se puede olvidar que la salud de los animales y la humana están íntimamente relacionadas".
Finalmente AEVECCA pide que no se mire para otro lado: "hemos de pensar como sociedad qué modelo de bienestar animal queremos, donde se integren veterinarios, proteccionistas y ayuntamientos bajo un marco legal adecuado. Desde la asociación se reitera que estos profesionales son garantes de la salud animal y están dispuestos a colaborar con cuantas entidades sea necesario, en beneficio de una convivencia armónica de nuestros animales en la sociedad".
El bienestar animal "no solo trata de sacrificio cero, sino que, ha de considerar la dignidad del animal, defendiéndolo de procesos que, por ser extremadamente económicos, no cumplen unos mínimos en cuanto a sanidad y a control de dolor", añade el colectivo.