El PSOE señala que el Ayuntamiento pone en riesgo ocho millones de euros por la tasa de basura

08 de Julio de 2019
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Lozano ha recordado que ya en el Pleno del pasado septiembre se indicó que, según la Ley de Contratos que tiene vigencia desde marzo de 2018, la tasa de basuras debería convertirse en prestación patrimonial.
El portavoz del grupo socialista ha indicado que, en ese mismo Pleno y en las alegaciones posteriores, el alcalde “se negó a admitir nuestras opiniones y planteamientos”, a pesar de insistir en que existía riesgo de que por vía jurídica se considerara ilegal, según la modificación de la Ley de Contratos.
El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Silva, ha indicado el procedimiento que se ha seguido tras la reiterada negativa del gobierno local del PP, que se ha centrado en dos caminos: por un lado, el procedimiento judicial, todavía tramitándose ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Algeciras; por otro, la realización de una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, cuya respuesta han presentado hoy.
“La respuesta que recibimos de la Dirección General de Tributos no deja lugar a dudas: la tasa de basura 2019 debería haberse tramitado como prestación patrimonial de carácter público no tributario”, ha resumido Silva.
Los socialistas han trasladado la respuesta de la Dirección General de Tributos a la Comisión de Hacienda, en un nuevo intento de que el PP corrija. El periodo de pago voluntario empieza en septiembre, por lo que, según han indicado Lozano y Silva, hay tiempo para corregir esta irregularidad con un Pleno.
Tanto Lozano como Silva han insistido en la importancia de cumplir con la Ley, ya que el Ayuntamiento "no puede actuar incumpliendo la legislación vigente". Esta modificación de tasa a prestación patrimonial se traduce en un cambio en la denominación y en la tramitación, pero no tiene por qué incidir en el bolsillo de los vecinos de Algeciras.
Los socialistas van a trasladar al Juzgado como propuesta y prueba el documento de la Dirección General de Tributos, además de a sus servicios jurídicos, que estudian todas las opciones.
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