El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha pactado con todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid y Euskadi, un acuerdo con 14 puntos sobre el próximo curso escolar que establece que la vuelta al cole se producirá en septiembre, como es habitual, con la actividad presencial como "principio general" a pesar de la amenaza del coronavirus. Así lo ha anunciado la ministra de Educación, Isabel Celaá, este jueves tras la reunión telemática que ha mantenido con los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial de Educación, la cuarta desde la declaración del estado de alarma.
El acuerdo suscrito por el Ministerio de Educación y las comunidades establece que el curso 2020-2021 tendrá 175 jornadas lectivas y los centros educativos deberán adaptar sus programaciones didácticas para "recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados" en los meses de enseñanza a distancia durante el confinamiento. También se tendrán que realizar, según lo acordado, planes de seguimiento y apoyo para el alumnado con más dificultades.
Con este acuerdo, las comunidades autónomas asumen la elaboración de protocolos para garantizar la higiene, la limpieza y el control sanitario en los centros. Planes que prepararán junto a los servicios de prevención de riesgos laborales, y que incluirán medidas específicas para la atención de las personas incluidas en el grupo de riesgo.
Las comunidades también se encargarán de elaborar los planes de contingencia de los centros ante las "eventualidades" que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar, y tendrán que tomar "las medidas necesarias" para que los centros mantengan sus servicios de transporte y comedor escolar "en condiciones de seguridad".
Del mismo modo, recae en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias educativas, el objetivo de "reducir la brecha digital" y "limitar" sus consecuencias entre el alumnado, aunque el Ministerio colaborará en mejorar la "oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital" de profesores, familias y alumnos.
Distancia social por ley
En la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial, la ministra de Educación ha aclarado que la separación de metro y medio es, de momento, la única medida obligatoria por ley para los centros educativos el próximo curso.
Lo ha dicho recordando que esta medida aparece en el real decreto ley que regula la nueva normalidad, aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros, donde se obliga a los centros educativos a tomar "medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros".
Celaá ha asegurado que "todos los centros educativos de España" están trabajando ya en "optimizar sus espacios" para favorecer la distancia de seguridad entre el alumnado. Esto incluye la utilización de comedores, gimnasios o bibliotecas para recibir clase, incluso recurrir a instalaciones ajenas "cuando un centro no pudiera de ninguna de las maneras encontrar espacios adicionales", ha precisado.
Andalucía pide fondos al Gobierno
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha reclamado este jueves al Gobierno que aporte más fondos si va a "imponer" la fórmula de vuelta a clase a partir de septiembre porque hasta ahora sólo ha anunciado una partida de 2.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas y establecer en Andalucía una ratio de entre 15 y 20 alumnos por clase "obligaría a contratar a 30.000 profesores y supondría 1.000 millones de euros".
"Nos parece un tema esencial la vuelta al colegio a partir de septiembre y en qué condiciones ,y nos parece bien que el Gobierno haya tirado del carro para fijar una norma común porque no se pueden plantear 17 vueltas al cole distintas por las 17 comunidades autónomas", ha asegurado el consejero andaluz de Presidencia, que también ha reclamado al Ejecutivo central que actúe "con sentido común" y que "si va a imponer una vuelta al cole de una manera o de otra también lo acompañe de una memoria económica".
En este sentido, Bendodo ha asegurado que si el Estado "plantea ampliar aulas, reducir el número de alumnos por aula, utilizar nuevos espacios o contratar más profesores eso tiene que ir acompañado de memoria económica" y ha recordado que hasta ahora el Gobierno de la Nación "sólo ha anunciado 2.000 millones para educación para todas las comunidades, de los que "300 y pico" corresponderían a Andalucía".
Según ha explicado, si se acuerda una medida como reducir la ratio a entre 15 y 20 alumnos por aula "ello obligaría en Andalucía a contratar 30.000 profesores y supondría 1.000 millones de euros". "Lo que pedimos al Gobierno es que entendemos que haya que consesuar la vuelta al cole, pero que lo acompañe de un impulso económico a las comunidades para que las podamos apoyar", ha concluido el también portavoz del Gobierno andaluz.