El PSOE de Jimena ha denunciado públicamente que los Ayuntamientos de Jimena y San Martín del Tesorillo incumplen, dos años después de la segregación, con las disposiciones del decreto que regula la misma, al no haber formalizado el convenio. Dicho acuerdo tiene por objeto "fijar los criterios de compensación y solidaridad para determinar la cantidad que, en su caso, hubiera de transferirse de uno a otro en concepto de las deudas y créditos que haya asumido el municipio matriz a la fecha de entrada en vigor de este decreto y que no fueran territorializables, a cuya diferencia se aplicarán los criterios de imputación que se acuerden, que implicarán como máximo el 27,49% para el caso de que San Martín del Tesorillo resultase el obligado, porcentaje en que se estima la población del nuevo municipio en relación con la del antes existente”, han informado el PSOE en una nota de prensa.
"Creemos que existe dejadez, oscurantismo y secretismo a la población, falta de trabajo, entendimiento y voluntad por parte de ambos gobiernos municipales de Izquierda Unida para darle una definitiva solución a este asunto, que puede perjudicar gravemente a los intereses de los vecinos de ambos municipios. Queda pendiente de resolver el porcentaje de derechos a cobrar y obligaciones a pagar que corresponden a cada municipio, con asuntos tan relevantes como la deuda, derechos de convenios como el de la instalación eólica, inmuebles, edificios municipales, personal, etc. Y lo que es peor aún, dos años después de la segregación el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera sigue pagando facturas y soportando gastos de servicios y edificios públicos de San Martín del Tesorillo, tal como se ha hecho en las últimas juntas de gobierno celebradas en el este mes de octubre", explica Jessica Barea, portavoz municipal socialista.
Los socialistas critican que sí exista diálogo y coordinación para otros asuntos, como ir de la mano a una reunión con la presidenta de la Diputación, Irene García. "Pura mentira y fachada política de ambos alcaldes, tal y como se demostró cuando Tesorillo tuvo que recurrir a La Línea para solventar el problema de la Policía Local", añade la también secretaria general del partido.
Por todo ello, Barea pide a ambos alcaldes que informen debidamente a la ciudadanía, que trabajen en el diálogo y que lleven a cabo las reuniones necesarias entre ambos para formalizar el acuerdo de segregación. "Que no tenga que acabar todo este proceso ante los Juzgados de un Contencioso Administrativo, que después tendremos que pagar entre todos los vecinos de ambos pueblos", concluye Barea.