Ruiz Boix destaca el incremento en 2 millones de las partidas sociales de los presupuestos

31 de Octubre de 2020
2020_alcalde_nuevas_mascarilla
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Si las políticas sociales han sido uno de los ejes de los presupuestos del Ayuntamiento de San Roque durante la última década, las consecuencias de la actual pandemia en cientos de familias obligan a incrementar aún más estas partidas en las cuentas municipales de 2021. De este dinero, destacan los 2,4 millones para la suma correspondiente a ayudas directas a las familias más desfavorecidas y para las medidas con las que evitar contagios en la residencia de mayores, viviendas tuteladas y centros de día.

En una reciente entrevista, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, apuntó que de cara al próximo año “hemos fortalecido las partidas para políticas sociales”, de manera que el importe total se situará en 5,2 millones de euros, 1,8 millones más que lo presupuestado para el presente ejercicio. Casi 740.000 euros se destinarán a atender a las familias más desfavorecidas, cuyo número ronda el millar en este momento en el municipio, lo que supone un 43% más que lo que se presupuestó para 2020, cuando ya se subió en un 10% respecto al año anterior.

El primer edil explicó que la puesta en marcha por parte del Gobierno de España del Ingreso Mínimo Vital servirá “para mantener a las familias por debajo del nivel de la pobreza en una situación de dignidad”, lo que permitirá al Ayuntamiento destinar esos recursos a atender otras situaciones. Frente a esta “cooperación” del Gobierno central con las familias más desfavorecidas, Ruiz Boix lamentó que la Junta de Andalucía no haya destinado recursos a la Renta Mínima de Inserción, con la excusa de que resultará innecesaria al existir el ingreso procedente de las arcas estatales.

Otra partida presupuestaria importante dentro de las políticas sociales es la referida al servicio de ayuda a domicilio de personas dependientes, que se incrementa en casi 1,2 millones de euros respecto a 2020. Como explicó el alcalde recientemente, “en el equipo de gobierno municipal somos conscientes de la realidad de muchos sanroqueños y sanroqueñas, la inmensa mayoría personas mayores, que tienen que esperar casi dos años para recibir la ayuda a domicilio que les corresponde”.

Por lo tanto, ante la demora en la resolución de los expedientes por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento financiará en 2021 con fondos propios el coste de la ayuda a domicilio una vez que los solicitantes tengan reconocido el grado de dependencia y se les haya prescrito el servicio como mejor opción. Además, también asumirá este coste desde el momento en que se solicite la dependencia en los casos de enfermedad grave, para evitar el deterioro de las personas y garantizar sus cuidados y atenciones básicas.

En la actualidad, en el término municipal San Roque reciben la ayuda a domicilio más de 235 personas a través de la Ley de Dependencia y casi 50 personas vía municipal; y hay unas 90 personas a la espera de recibir la resolución concediéndoles este mismo servicio por la Junta de Andalucía, a través de la Ley de Dependencia.

Para el ejercicio 2020 se consignó una partida de un millón y medio de euros para Ayuda a Domicilio, a la que hay que sumar otra de 180.000 euros para los casos graves que están a la espera de que se les reconozca este servicio. En el presupuesto de 2021 las cantidades son de 2.692.783 euros y 193.000, respectivamente. “Estas cantidades contrastan -apuntó Ruiz Boix- con lo que nos encontramos en 2011, cuando la suma de ambas partidas no llegaba a los 780.000 euros”.

También puede ser considerado un gasto social la partida 600.000 euros para afrontar la pandemia en centros de mayores, centros de día y viviendas tuteladas. “Se trata -explicó el alcalde- de reforzar los servicios que se prestan en estas instalaciones, tanto a nivel de personal como material, con el objetivo de que la atención que reciben los usuarios, todos ellos personas mayores, se mantenga en un nivel alto a pesar de que las exigencias de los protocolos para combatir la Covid-19 obligan a modificar las prioridades diarias en aras de mayores garantías sanitarias”.