La futura Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado da un paso más hacia su aprobación tras superar en el Parlamento su primer debate. La nueva norma, que ha sido defendida por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, pretende reforzar la figura del docente como pilar esencial del sistema educativo andaluz. Así, Imbroda ha asegurado que el profesorado “es sagrado y un elemento clave sobre el que estructurar la necesaria transformación de la educación en Andalucía”.
El consejero ha informado de que el proyecto de ley tiene como finalidad procurar un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación del alumnado. Imbroda ha señalado que lamentablemente en estos tiempos el docente ha pasado de ser una figura incuestionable a un "contexto de desprestigio" y "permanente cuestionamiento" de cada una de sus decisiones, poniendo así en tela de juicio su autoridad y profesionalidad.
El titular de Educación y Deporte ha señalado los contenidos esenciales de la ley como son la presunción de veracidad tanto para docentes como para directores y demás miembros de los órganos de gobierno de los centros, el derecho a la asistencia jurídica o el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias.
La futura ley establece que su ámbito de aplicación se extenderá también al conjunto de actuaciones fuera del horario lectivo que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado, y que requieran la presencia de profesores. También comprende cualquiera que fuera el momento y el lugar en el que se produjeran los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado con inclusión del ciberacoso y actos de naturaleza similar siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.
Asimismo, la nueva norma fija la protección jurídica del docente con rango de Ley, ya que se establece no solo el derecho a la asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente público sino que se desarrolla garantizando por la Ley la representación y defensa en juicio en cualquier órgano y jurisdicción.