El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, ha salido al paso este miércoles de noticias difundidas en algunos medios de comunicación en las que se le acusa de una "falta de eficiencia" en la zona de Campo de Gibraltar que ha obligado a la fiscal general, Dolores Delgado, a nombrar como refuerzo al que fuera su antecesor en el cargo y actualmente fiscal en el Tribunal Supremo Javier Zaragoza.
Según apunta Noreña en una nota las citadas noticias se basan en un dato, sacado de contexto, sobre la diferencia de procesos incoados en 2019 por los Juzgados de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, frente a los incoados por tráfico de drogas, acompañando incluso un cuadro extraído de la Memoria de esta Fiscalía. Noreña ya hizo pública su discrepancia con la decisión de Delgado tras conocer el nombramiento de Zaragoza, llegando a calificarla de "ilegal e improcedente".
Según el decreto de designación, el actual fisca del Supremo desarrollará su labor esta labor en cooperación y "sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación".
"No parece que la designación de un único Fiscal, con competencias coincidentes, al menos parcialmente, con las de esta Fiscalía, sea un refuerzo suficiente de las denunciadas insuficiencias de esta Fiscalía", ha señalado el propio Noreña.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han mostrado su "sorpresa" por este segundo comunicado de Noreña, y señalan que el origen del desencuentro puede encontrarse en las formas utilizadas por Delgado para realizar la designación del fiscal de refuerzo, ya que no se comunicó convenientemente al actual jefe de Antidroga. En todo caso, las mismas fuentes coinciden con la fiscal general en la necesidad de propiciar un refuerzo de la coordinación con Madrid, la Audiencia Nacional y la actividad fiscal en la zona.
Argumentos de Noreña
Frente a estas informaciones, Noreña aduce en su nota a la Audiencia Nacional que carece de competencias propias para investigar y juzgar delitos de blanqueo de capitales que no estén directamente vinculados a un tráfico de drogas competencia de dicha Audiencia -artículo 65 LOPJ-, por lo que no es factible tratar de que asuman aquellas investigaciones si no concurre tal conexión.
Noreña apunta que la fiscalía Antidroga, circunscribiéndonos al ámbito territorial de la bahía de Algeciras y Costa del Sol, ha incoado en los años2 018 y 2019 al menos 18 diligencias de investigación por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, o ambos delitos.
En la Fiscalía de Área de Algeciras, por otra parte, se incoaron al menos 30 diligencias de investigación o procesos judiciales por blanqueo en 2018, 55 en 2019 y otras 55 en 2020, lo que a su juicio demuestra que esta Fiscalía "despliega una importante actividad en la investigación del blanqueo de capitales -que no se circunscribe al ámbito territorial indicado-, cuyos resultados, teniendo en cuenta la complejidad de estas investigaciones, se comprobará a medio plazo".
Noreña ha constatado que en la zona de la Bahía de Algeciras coinciden geográficamente dos "realidades de tráfico de drogas diferentes", y, en principio, "no conectadas entre sí". Suponen el tráfico de cocaína a través del puerto, y el de hachís, este último con organizaciones centradas en dicha zona y que sólo en ocasiones excepcionales han extendido su ámbito de actuación a otras provincias, de modo que, en este último caso, permitan afirmar la competencia de la Audiencia Nacional.