El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández (PSOE), ha manifestado este domingo que las medidas que dictará la Junta Andalucía para contener el coronavirus, "en función de cómo vaya funcionando la incidencia", pues "se mantendrán o se adaptarán a las circunstancias".
Así se ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press el delegado, quien ha garantizado la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil para evitar el incumplimiento de las medidas. "Claro que va a seguir actuando" y "controlando para evitar aglomeraciones", ha dicho.
Respecto a las medidas, ha resaltado que la Junta tiene un comité de expertos que utiliza una serie de parámetros para decidir las restricciones, pero ha ahondado en que "lo importante" es el ritmo de vacunación.
"Insisto, lo más destacado es el hecho de que Andalucía ya ha recibido ya casi 3,5 millones de vacunas y que se hayan administrado mas de 3,2, lo que supone, un nivel muy importante que pueda permitir, como se viene anunciando por parte de la España de hacía mucho tiempo, que en agosto prácticamente hayamos alcanzado ese 70% de inmunidad", ha subrayado.
Preguntado por las 150.000 vacunas de AstraZeneca estancadas en la región que no pueden ponerse por los límites de edad y el aviso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), al Gobierno para que decida al respecto, se ha mostrado "convencido de que esa interlocución que existe va a llevar a una solución" y la Junta sabrá la forma de proceder.
Respecto al final del segundo esta de alarma este domingo, ha dicho que "el presidente de la Junta con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en su momento se opusieron al estado de alarma hasta el punto de que el PP en la votación de este segundo estado de alarma en octubre se abstuvo".
Así pues, ha defendido que ahora sin el estado de alarma "hay herramientas por parte de las comunidades autónomas", y "tienen la capacidad de regular algunas medidas de forma directa y otras con el amparo de los tribunales, que son quienes pueden también limitar que la salud pública está por encima de otros derechos constitucionales, como puede ser la movilidad", como asegura que "ya han demostrado en otras CCAA y otros momentos".