Agaden-Ecologistas en Acción y Verdemar-Ecologistas en Acción han demandado al alcalde de Jimena de la Frontera, Francisco Gómez, que suspenda por un año las aprobaciones y otorgamientos de licencias a la instalación de proyectos fotovoltaicos en el municipio.
Los ecologistas han señalado esta medida, contemplada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, como herramienta para "autoprotegerse de la especulación fotovoltaica" y de los "daños irreversibles, económicos y ambientales", que generaría un despliegue sin ordenación en el municipio.
Ambas organizaciones han remitido escrito al alcalde de Jimena con tal fin y en dicho documento dejan de manifiesto que esta medida está contemplada en el artículo 27 de la mencionada ley, que versa sobre la "Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanística”: “El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente”.
Los ecologistas han calificado de "lamentable" la "dejadez de funciones y gestión" por parte de la Junta de Andalucía, ya que aún no dispone de la aprobación de una ordenación estratégica y vinculante de la actividad fotovoltaica, con un proceso participativo, para asegurar su implantación ordenada y respetuosa con los valores ecológicos, paisajístico y de la economía local.
"A nivel municipal existen herramientas para defenderse de esta especulación. Sin embargo, el Alcalde de Ayuntamiento de Jimena de Frontera ha adoptado un papel de víctima que no le corresponde, debiendo de reaccionar e implantar medidas de autoprotección de los intereses de la población de Jimena, hasta que se desarrolle una normativa municipal para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones solares, de forma que se puedan evaluar los efectos ambientales y sociales, y desplegarse de manera racional, así como poder asociar la consideración de los impactos a una referencia común", han demandado desde ambos grupos.
Para Verdemar y Agaden, una "planificación y control cuidadoso, racional y transparente" del despliegue industrial renovable, "ayuda a minimizar el impacto sobre el territorio al que puede dar lugar una avalancha desorganizada de proyectos de instalaciones fotovoltaicas". "Debe haber orientaciones claras sobre su distribución territorial que permitan un reparto equitativo tanto de sus impactos negativos como de sus posibles beneficios tanto como un límite de densidad frente a la superficie total del municipio", han recalcado.
Los ecologistas han exigido al Ayuntamiento de Jimena, "responsabilidad", a la vez que solicitan a los ayuntamientos de San Martín del Tesorillo, Gaucín, Casares y del propio municipio jimenato que redacten un plan de emergencias renovables, que garantice un desarrollo renovable sostenible y que ofrezca garantías ambientales, sociales y económicas para la zona.