El portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, ha lamentado que "en este mes de junio haya fallecido un preso en el centro penitenciario de Botafuegos, presuntamente, tras haber consumido grandes cantidades de hachís y heroína" y alerta de que "se está desmantelando el Centro Provincial de Drogodependencia de Cádiz, una herramienta vital para garantizar la seguridad de internos, familiares y funcionarios”.
"En el Centro Penitenciario de Botafuegos hay una población reclusa drogodependiente muy alta. De hecho, tanto el consumo como el tráfico de droga, los llamados delitos contra la salud pública, siguen siendo uno de los principales factores que conducen a la delincuencia en nuestro país, ya sea en forma de hurtos, robos para conseguir droga o el propio tráfico de estupefacientes", ha señalado el portavoz.
"La lucha contra la drogodependencia tiene que ser permanente porque sabemos que, detrás de una parte importante de los sucesos ocurridos en el interior de nuestros centros penitenciarios, está el intento de cometer un pequeño tráfico de estupefacientes dentro de la prisión. Además, la no superación de la adicción es un pasaporte a la comisión de nuevos delitos y a la no reinserción, a pesar de ser este el fin último de nuestro sistema penitenciario. Esa labor de control y seguimiento, en gran parte la realiza el Centro Provincial de Drogodependencia", ha añadido el edil de Vox.
"Están desmantelando el Centro Provincial de Drogodependencia ya que, en el año 2000, cada Equipo de Apoyo a las Instituciones Penitenciarias constaba de: un médico, un administrativo, un psicólogo y un trabajador social. Sin embargo, desde el año 2017, estos equipos han quedado reducidos a tan solo un psicólogo y un trabajador social", ha destacado Gallardo.
El portavoz municipal de Vox considera “urgente” la necesidad de elaborar un convenio entre la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias adscrita al Ministerio del Interior, que regule cómo se presta el servicio, quién lo ofrece y en qué condiciones.
"Es la Junta de Andalucía, como Administración responsable, la que tiene que resolver y asegurar la financiación a través de un programa uniforme para todas las prisiones", ha concluido Antonio Gallardo.