Agentes de la Guardia Civil de la Comanda ncia de Cáceres han desarticulado una organización criminal dedicada a la extorsión y explotación sexual de mujeres, así como blanqueo de capitales, entre otros delito. Entre otros municipios, operaba en Algeciras, donde se han llevado a cabo registros.
En total, han sido detenidas siete personas en varias provincias españolas, y se ha investigado a otra más, en el marco de la operación Callcenter, en la que se han practicado cinco registros domiciliarios en las localidades de Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia, en los que se han intervenido dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos móviles y equipos informáticos.
La investigación se inició hace más de un año por parte del Equipo de Delitos contra las Personas-Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, tras recibir varias denuncias por la supuesta extorsión que venían sufriendo por medio de llamadas, mensajes de texto y mensajes de audio, efectuadas a través de una conocida aplicación de mensajería, "con el nexo en común entre ellas de que se habían producido tras visitar un portal web de contactos para contratar servicios sexuales".
En estas amenazas se incluían imágenes de armas de fuego, lo que llevó a sus receptores a temer por su seguridad e integridad, e incluso por la de sus propias familias, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.
ORGANIZACIÓN A DISTINTOS NIVELES
Durante el curso de la investigación, los agentes han podido acreditar la existencia de una organización criminal "perfectamente estructurada", que tenía en primer escalón a las 'operadoras', que eran mujeres que vigilaban a las prostitutas, y "ejercían un control coactivo sobre ellas", que iba desde fijar los servicios sexuales que debían realizar hasta el tiempo de duración y su precio.
Además, gestionaban directamente los anuncios del portal web de contactos "aprovechándose de la posición de superioridad que les brindaba la precaria situación personal y económica" de las mujeres o incluso su estancia irregular en el país, quienes "eran reubicadas periódicamente por los diferentes pisos de los que disponía la organización".
Otro nivel de la organización eran los hombres que si se producía alguna discrepancia entre el cliente y la mujer, "actuaban mediante la extorsión, al exigir una compensación económica por el tiempo empleado y la no disponibilidad que había tenido la mujer para continuar prestando servicio a otros clientes".
Por su parte, un tercer nivel estaba dedicado al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos, constituido por las denominadas 'mulas', que eran personas contratadas para operar como titulares de las diferentes cuentas bancarias donde las víctimas ingresaban las cuantías económicas y, una vez se recibía el pago, extraían el dinero que era enviado a otras cuentas, y en un escalón superior estaba el jefe de la organización.
NEGOCIAR LOS PAGOS
Explica la Guardia Civil que "para hacer más creíbles las amenazas", los extorsionadores elaboraban un perfil sobre las víctimas a través de la información que les facilitaban las prostitutas y las operadoras, haciéndoles creer que tenían sus datos personales, direcciones de trabajo, así como sobre los contactos sexuales mantenidos, llegando a "negociar" los pagos que tenían que realizar las víctimas, en unos casos, o exigiendo abonos sucesivos en otros, habiendo llegado a obtener hasta 12.000 euros de una sola víctima.
Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han analizado numerosos anuncios en el portal web de contactos, cuentas de correo electrónico, movimientos de cuentas bancarias de diferentes entidades, tras lo que concluyeron que el grupo criminal habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 800.000 euros, "blanqueando este dinero en distintas operativas de movimientos de fondos, para lo cual realizaban transferencias internacionales a distintos países".
A la investigación, en la que han podido ser identificadas cerca de un centenar de víctimas, se añadió la dificultad de que muchas de ellas no deseaban interponer denuncia, y realizaban los pagos "por temor a que su familia y entorno cercano fueran conocedores de que contrataban este tipo de servicios".
Por tanto, con toda la información obtenida, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, se procedió, en dos fases, a la explotación de la denominada 'Operación Callcenter', en la que instruyeron diligencias por la presunta comisión de los delitos de amenazas, extorsión, contra la libertad e indemnidad sexual (prostitución), blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Así, y bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cáceres, se han practicado cinco entradas y registros en domicilios situados en Madrid, Algeciras, Alicante y Valencia, en los que han sido intervenidos dispositivos de almacenamiento digital de datos, nueve teléfonos móviles y siete equipos informáticos.
En la operación han sido detenidas personas, y la investigación de otra más, y se ha realizado el embargo y bloqueo preventivo de las cuentas y productos financieros relacionados con la organización criminal, para la que el juez ha decretado prisión provisional para tres de los detenidos.