martes, septiembre 28, 2021

Afectados por el accidente del transformador de Endesa siguen pidiendo «justicia», 4 años después
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La convocatoria en apoyo a "los 8 de Tarifa" se realizará este 5 de agosto a través de las redes sociales, con un izado de bandera en su memoria y una campaña de recogida de firmas

Como cada 5 de agosto, desde la ‘Asociación de Afectados por el accidente del Transformador 29272 en Tarifa’ se quiere recordar a las víctimas del accidente ocurrido el 5 de agosto de 2017. No obstante, y debido a las especiales circunstancias que se continúan viviendo por la incidencia de la Covid-19, tampoco se convocará este año una manifestación. En su lugar, se realizará un sencillo acto de izado de la bandera con el logo de la asociación en el castillo de Guzmán el Bueno, en Tarifa, y se solicitará nuevamente, a través de las redes sociales, el apoyo de todos los que conocen su causa.

«Dicho transformador, propiedad de Endesa, llevaba varios años trabajando en régimen de sobrecarga, circunstancia que provocó su deflagración en las instalaciones del hotel 100% FUN de Tarifa, acabando con las vidas de Mariluz y de Sara, y dejando a seis compañeros supervivientes con secuelas físicas y psicológicas de por vida», recuerda la asociación, añadiendo que «han pasado cuatro años, y seguimos esperando justicia, y que la Junta de Andalucía implemente las medidas necesarias para que no haya otros casos como el nuestro».

«El accidente pudo haberse evitado, pero podría volver a ocurrir»

Tras cerrarse el proceso de instrucción el pasado mes de mayo, y conocerse las conclusiones de los informes periciales, se sabe que «la causa del incendio y deflagración se debió al régimen de sobrecargas severo al que estaba siendo sometido el transformador de alta tensión desde, por lo menos, el año 2013 y, presumiblemente, desde 2009». «Las sobrecargas se producían prácticamente todos los días de los meses de verano, llegando a alcanzar factores de carga superiores al 175% en los momentos de mayor demanda», añade la asociación. 

«No nos consta que Endesa estuviese realizando los preceptivos análisis de capacidad de sus activos (líneas de distribución, centros de transformación, etc.), pese a ser una exigencia legal; de haber analizado la capacidad del transformador, tal y como le obliga la ley, se habría detectado el riesgo antes de producirse el accidente. Tampoco nos consta que los órganos competentes en materia de industria de la Junta de Andalucía lo exigiesen o lo supervisaran, si lo hubieran exigido se habría detectado la situación de riesgo», advierte el colectivo.

Al respecto, la asociación considera también que «la legislación de aplicación es redundante, en el sentido de exigir a las empresas de distribución de energía eléctrica un análisis de capacidad de sus activos previa concesión de permisos de enganche a los nuevos abonados. Sin embargo nos tememos, que esto no se hizo, que no se hacía y que no se hace».

Según continúa explicando esta asocición, «en el  año 2009, el último abonado solicitó la conexión a red de su instalación eléctrica. De haberse realizado el preceptivo análisis de capacidad, el resultado obtenido de los cálculos hubiera obligado a la sustitución del transformador de 100kVA por otro de 250kVA y el accidente se hubiera evitado. Sin embargo, Endesa admitió a conexión la instalación sin realizar dicha actividad preventiva». 

«El resultado fue la sobrecarga del transformador y su agotamiento por fatiga estructural, que con el paso del tiempo terminó produciendo una fisura en el tanque contenedor de aceite el fatídico día 5 de agosto de 2017», añade esta plataforma de afectados.

La acusación habla de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y seis de lesiones

Según continúa explicando esta plataforma, un Auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras, de fecha 3 de mayo de 2021, manifiesta que los hechos pueden ser constitutivos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave, en concurso con seis delitos de lesiones también por imprudencia grave, atribuibles a tres técnicos de Endesa. Los escritos de acusación formulados por la representación de los heridos y familiares de fallecidos han solicitado para dichos técnicos de Endesa cuatro años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. 

«El riesgo de nuevos accidentes sigue existiendo. ¿Cuántos transformadores se encuentran hoy en sobrecarga y con fatiga estructural de su material?», se pregunta la asociacion, recordando que «la propia Endesa, en escrito de contestación al expediente incoado en la Oficina del Defensor del Pueblo, reconoce que un 4% de los transformadores de su parque de transformación están en la misma situación que el 29272, o sea, unas 2.100 unidades», aunque según las estimaciones de esta asociación «esa cantidad podría ser mucho mayor».

«Indigna conocer que el coste de la sustitución de estos transformadores es marginal frente a los saldos contables y beneficios que maneja esta distribuidora de energía eléctrica», añade el colectivo. Del seguimiento que hace esta asociación, se desprende que los accidentes en transformadores se están produciendo cada vez con mayor frecuencia. «De los 27 que se incendiaron en 2017 se ha pasado a 56, prácticamente el doble en 2020, y en lo que va de este año ya se han incendiado 35, esto quiere decir que muy probablemente se supere la cifra del año anterior», añade.

Recogida de firmas ante la falta de respuesta de la Administración

Ante la insistencia de esta asociación sobre la necesidad de implementar algún protocolo para comprobar que dicha actividad preventiva consistente en el análisis de la capacidad de los transformadores previas a las nuevas autorizaciones de conexión, la respuesta de la Administración «ha sido y sigue siendo evasiva». 

«La Administración no dispone de ningún tipo de procedimiento interno o protocolo para exigir y comprobar que la empresa distribuidora está cumpliendo con la obligación de realizar los análisis de capacidad, ante cada petición de conexión a red, previo al permiso de enganche tal y como dice la ley (este extremo fue confirmado por escrito por la propia Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz). Endesa, en este sentido, parece que no cumple la ley pero la Junta de Andalucía no ha sido capaz de, en veinte años que hace que esta ley está en vigor, articular reglamento alguno que obligue a este empresa a cumplirlo», denuncia la plataforma.

En consecuencia, desde la asociación se considera que «esta situación no se puede seguir tolerando, ya que si nada cambia los accidentes continuarán produciéndose». Por ello, también se está realizando ya una campaña de recogida de firmas a través de change.org para llevar esta petición al Parlamento Andaluz. «Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes firmar en este enlace«, añade la asociación.

«Una vez más, queremos mostrar nuestro agradecimiento, siendo conscientes de toda la ayuda, cariño y generosidad que hemos recibido de esta ciudad, y que estamos seguros que recibiremos otro 5 de agosto más», concluye.

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