Agaden Ecologistas en Acción va a poner esta semana en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar el "despliegue" de proyectos fotovoltaicos, "con un carácter desproporcionado y sin ningún tipo de ordenación del territorio", de una serie de proyectos de plantas fotovoltaicas y tendidos de evacuación en los términos municipales de Jimena de la Frontera, Tesorillo, Castellar y San Roque.
Asimismo, va a reclamar que se inste a los ayuntamientos de Jimena de la Frontera, Tesorillo, Castellar y San Roque, a "asumir su responsabilidad de proteger el interés general, por encima de los intereses de los grandes fondos de inversión", solicitándoles una suspensión, por un año, de las aprobaciones y otorgamientos de licencias a la instalación de los proyectos fotovoltaicos en sus respectivos municipios.
A juicio de los ecologistas, el desarrollo de las energías renovables, fomentado desde las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía en base a las disposiciones establecidas en la Ley 2/2007, de de 27 de marzo, de fomento de la energías renovables de Andalucía (BOE n.º 109, de 7 de mayo) se ha traducido en los últimos años en "la proliferación en suelo no urbanizable de un gran número de plantas industriales de grandes dimensiones para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (eólica, fotovoltaica y otras)".
Según Agaden, todos estos proyectos implican "infraestructuras de accesos, desbroces, nivelaciones y explanaciones, parcelaciones, cimentaciones, construcciones de obra civil, acometidas de energía, equipamientos, cerramientos, iluminación y otros servicios, que por sus características y dimensiones pueden calificarse de macrourbanizaciones, algo que resulta totalmente impropio de la naturaleza del suelo no urbanizable".
La organización continúa explicando que la selección de los emplazamientos, por parte de las entidades promotoras, se ha centrado, al amparo de dicha normativa y "por evidentes motivos económicos", en terrenos forestales, naturales, seminaturales o “incultos” del ámbito rural o natural, y su ejecución, en función de sus características y dimensiones, está provocando "la pérdida o alteración de la cubierta vegetal natural sobre miles de hectáreas".
Según denuncian los ecologistas, esta cubierta vegetal, además de albergar los diferentes tipos de hábitats de interés comunitario (HIC) de la región biogeográfica mediterránea, muchos de ellos de carácter prioritario, y especies de flora y fauna silvestre únicas en el continente europeo, desempeñan un "papel fundamental" en la lucha frente al cambio climático, por "constituirse en depósito natural de carbono, sumidero de CO2, protectora del suelo, reguladora del régimen hídrico, fuente de oxígeno y de biodiversidad".
Asimismo, añaden, la alteración de la cubierta vegetal afecta negativamente a las estrategias de lucha frente al cambio climático que se pretendía combatir, transformando amplias zonas del medio rural o natural de Andalucía en "un vasto polígono industrial fuera de ordenación, lo que constituye un despropósito urbanístico y ambiental de proporciones colosales, que no puede justificarse en modo alguno bajo el pretexto de la transición energética, proceso que por su entidad y alcance debe abordarse de manera ordenada y debidamente planificada".
Varios millares de hectáreas de terrenos forestales y rurales afectados
Según Agaden, la superficie de terrenos forestales, naturales, seminaturales o “incultos” del ámbito rural o natural que ha sido alterada para este fin en Andalucía desde el año 2007 no ha sido publicada oficialmente, si bien estiman que son "varios millares de hectáreas".
Agaden Ecologistas en Acción considera que "es necesario promocionar las energías renovables como una forma de transición energética", pero también lo es que se realice de forma "compatible" con la preservación del medio rural y los espacios protegidos. "Es necesario que se pueda desarrollar el plan de áreas preferentes de energías renovables, que pueda zonificar el territorio estableciendo las zonas adecuadas para promocionar este tipo de actividad económica".
Según Agaden, la medida de suspensión temporal de licencias que piden a los ayuntamientos afectados está contemplada en el articulo 27.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que textualmente dice, en su artículo 27, que "el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente".