Asociaciones vecinales y partidos políticos han convocado una movilización en contra de la ampliación del Puerto de Valencia para el próximo 22 de octubre. La dársena valencia es la principal competidora del Puerto Bahía de Algeciras, que también tiene un proyecto de ampliación.
Como expone Lucha Internacionalista, una de las asociaciones que se oponen al proyecto, la primera referencia a la ampliación es del 2006 cuando el consejo rector de Puertos del Estado aprueba el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Valencia, que elegía su ampliación hacia el norte por tener "menor impacto ambiental". El proyecto contempla la creación de una nueva dársena en la zona norte del puerto con 250 hectáreas "con la bocana orientada hacia el sur, proyectada para tener una terminal de contenedores de 153 hectáreas y capacidad para cinco millones de teus/año.
En noviembre de 2018 la Agencia Portuaria de Valencia aprobó el pliego para la concesión y se sacó a licitación en diciembre. La filial de MSC optó por una concesión a 50 años. El proyecto se ejecutará en tres fases consecutivas, que prevé concluir en 2026. Con la nueva terminal norte el puerto tendrá una capacidad de 12,5 millones de teus. La inversión asciende a 1.021 millones a los que se suman los 400 que pondrá la Agencia Portuaria de Valencia para obras. La previsión es crear unos 3.000 puestos de trabajo incluyendo las fases de construcción y posterior explotación.
Ante esto, partidos como Compromis y Podemos intensifican su rechazo al proyecto y reclamaron una reversión de las obras ejecutadas. Compromis manifestó en su día que esta ampliación “responde a los intereses de las grandes navieras y no al interés general".
Ecologistas y asociaciones vecinales, incluidos en la Comissió Ciutat-Port, han presentado un informe analizando los daños de la futura terminal sobre el medio ambiente y en concreto, los “efectos perniciosos” de las playas del sur. Otra de las decisiones tomadas por este colectivo es llevar a los tribunales a la Autoridad Portuaria y a Puertos del Estado, por la autorización de la ampliación del puerto "sin un nuevo informe ambiental".