El sindicato de Comisiones Obreras lamenta que la dirección de Algesa "falte a la verdad para esconder sus incumplimientos judiciales". “La dirección de Algesa está o mintiendo o han perdido los papeles, cualquiera de las dos situaciones sería inaceptable para los responsables de una empresa pública que gestiona una plantilla cercana a las 500 personas y un importante volumen de recursos públicos”, con estas palabras valoraba el responsable comarcal de CCOO Habitat, Miguel Páramo, las declaraciones de los responsables de la compañía negando los requerimientos judiciales no satisfechos por esta y hechos públicos por este sindicato.
Comisiones Obreras pone de manifiesto que tiene en su poder un auto de fecha 10 de junio del presente año, por el que en el marco del procedimiento judicial abierto contra la empresa Algesa, con número 399/2021, "se requiere a esta que aporte en el plazo de 10 días los contratos laborales formalizados por la empresa durante el pasado año y parte de este", indica.
De igual manera, ante el incumplimiento del mencionado requerimiento y a instancias de los servicios jurídicos de este sindicato, el Juzgado dictaba un nuevo requerimiento con apercibimiento de sanción con fecha 8 de noviembre del año en curso, para que en el plazo de cuatro días diera cumplimiento a lo dictado por el juez.
“Estos hechos no solo suponen un intento de obstaculizar la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, sino que además deja en muy mal lugar a una empresa pública que debe tener en el escrupuloso respeto a la ley y a la administración de justicia entre sus principios”, sentenciaba Páramo.
Para CCOO la "inaceptable" actitud de los responsables de Algesa contrasta con la "diligencia" demostrada por el Servicio Público Estatal de Empleo –SEPE- y la Seguridad Social que sí dieron cumplimiento al primer requerimiento, formulado en el mismo auto que a Algesa.
Por último, este sindicato lamenta que los responsables políticos de la principal empresa pública del consistorio algecireño hayan hecho "oídos sordos" a los "múltiples" llamamientos al diálogo efectuados por los representantes de la plantilla, y que cuando se judicializa las demandas de este colectivo amparen el "obstruccionismo" y el "desprecio" a la Administración de Justicia.