La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha lamentado este lunes el "nefasto" balance que deja el 2021 en las cárceles de Andalucía, "que han vuelto a ser el escenario de numerosos episodios de violencia contra los funcionarios que allí trabajan", y ha reclamado al Gobierno que "incremente el grado de protección de estos empleados públicos".
CSIF Andalucía ha apuntado en un comunicado que esa mayor protección para funcionarios de prisiones "pasa por su reconocimiento como agente de autoridad, el desarrollo práctico del protocolo contra agresiones y el refuerzo urgente de la seguridad en los centros penitenciarios, que debe pasar por la formación y ampliación de una plantilla que necesita más de medio millar de efectivos".
El responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF-A, Miguel Ángel Rojas, ha recordado entre otros incidentes que en junio hubo dos sucesos "casi consecutivos" en Sevilla-II, en Morón de la Frontera (Sevilla), primero el día 7 con un conato de motín provocado por un interno al que se le suspendió un 'vis a vis' y saldado con dos funcionarios heridos y dos días después con cuatro empleados lesionados por otro preso.
Otras situaciones destacadas en la nota de prensa han sucedido en la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), donde se han registrado dos episodios violentos en octubre y noviembre, "con un total de tres funcionarios afectados", mientras que en Jaén, "a finales de octubre, una profesora sufrió un intento de agresión sexual por parte de un interno".
Rojas ha considerado que "esta sucesión de hechos y la desprotección a la que diariamente se enfrentan" los funcionarios son "dos realidades inadmisibles a estas alturas del siglo XXI". Para el responsable sindical, el primer paso para resolver esta "deriva" es "solucionar el déficit de funcionarios que padecen los centros andaluces, en los que hay 549 vacantes sin cubrir en las relaciones de puestos de trabajo, lo que supone casi una décima parte de la plantilla total".
Asimismo, ha incidido en que "el problema se agrava por el envejecimiento del personal", con una edad media de 55 años, lo que sitúa a muchos funcionarios "en una clara desigualdad física" cuando deben reducir a un preso. "Este déficit de recursos humanos equivale a un plus de presión para quienes trabajan en las prisiones y los centros de inserción social. Confiamos en que haya avances a lo largo de 2022", ha expresado Rojas.
Otro "paso fundamental", según CSIF-A, es que el Ministerio del Interior tenga "tolerancia cero" hacia las agresiones físicas y verbales y "deje de criminalizar a los trabajadores" cuando se vean inmersos en un enfrentamiento con un preso. En este sentido, también ha lamentado la falta de noticias sobre la Ley de Cuerpos Penitenciarios "que se comprometió a aprobar el Gobierno y que otorgará la categoría de agente de autoridad a este colectivo de funcionarios, con lo que cualquier acto contra ellos será
considerado delito".
También ha reclamado el desarrollo del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones, otro compromiso que "todavía no se ha llevado a la práctica", así como la mejora de guantes, chalecos y demás elementos protectores o la introducción de las armas táser, que "permitiría ejercer contra los presos violentos sólo la fuerza personal suficiente para reducirlos".
"Necesitamos medios coercitivos acordes con el siglo XXI. El aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas están obsoletos en muchos casos y el catálogo de sanciones data de hace más de 37 años", ha sostenido Rojas, que como factor disuasorio de conductas violentas propone "el establecimiento de nuevas y más duras infracciones disciplinarias".