El Juzgado de Violencia de Género en el Campo de Gibraltar sigue concentrando problemas. La decisión de comarcalizar los juzgados de San Roque y La Línea en Algeciras ha sido muy criticada, también desde los propios juzgados al entender que esta medida no ha ido acompañada de refuerzos de personal suficiente y hoy se encuentra colapsado.
El juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, advierte de que existe una sobrecarga de trabajo debido a que una sola juez afronta todos los casos procedentes de lo que antes eran tres juzgados (Algeciras, San Roque y La Línea) y afirma que la titular, "que tiene que tener días libres y vacaciones", es sustituida por un juez de guardia. La delegada sindical del Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (SATJ), Manuela Hernández Delgado, ha explicado que, cada día, este juzgado registra de media siete atestados.
Además, continúa desde el 28 de enero en una sede provisional, en la calle Muro, que causa también dificultades, mientras espera que se finalicen las obras previstas en el Palacio de Justicia de la Plaza de la Constitución, todavía en obras. El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Cádiz, Miguel Rodríguez, dijo a finales de enero, durante la presentación de esta sede provisional a los medios, que la definitiva iba a estar lista en "no más de tres meses".
Protestas
Hoy, las candidatas de Adelante Andalucía en el Campo de Gibraltar Leticia Blanco y Maribel Martínez y la concejala de Adelante Algeciras Leonor Rodríguez se han reunido con la delegada sindical del Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (SATJ), Manuela Hernández Delgado, para conocer la situación actual del Juzgado de Violencia de Género (JVG) desde la comarcalización del mismo en Algeciras. Para la candidata número 3 de Adelante Andalucía esta decisión "no ha supuesto más que una clara disminución de los recursos”, puesto que “centralizando toda la actividad en una sola sede en Algeciras, se ha perjudicado gravemente tanto a las víctimas como al personal que trabaja en dicho juzgado”.
Así, ha insistido en “la especial vulnerabilidad de la víctima de este tipo de violencia, la posible falta de recursos y la situación límite desde la que llegan muchas mujeres antes de denunciar”. “No es lógicoque algo que debería ser la solución a una tragedia se complique hasta el punto de convertirse en un problema”, denuncia.
"Hay trabajadores que piden comisión de servicios para huir de la sobrecarga constante de trabajo que implica estar en este juzgado”, declara. Y es que, “frente a este volumen de trabajo, encontramos una plantilla con la mitad de personal interino y una sola jueza al borde del colapso, lo cual provoca un cuello de botella insalvable, como ha sido ya denunciado por el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz”. A esto, “se suman los constantes desplazamientos que fiscales, forenses, y otro personal tiene que hacer diariamente, ya que el juzgado que tiene que defender a la mujer frente a la violencia machista se encuentra temporalmente en la sede de la calle Muro mientras se terminan unas obras que llevan dos meses de retraso”.
La delegada sindical ha recordado que tanto el personal, como las infraestructuras de Justicia en Algeciras, son competencia de la Junta de Andalucía y “ambas muestran la negligencia de dicha administración, manifiesta en las constantes denuncias interpuestas”.
Ante esta situación, Blanco ha mostrado con rotundidad su rechazo a la actitud de la Junta.“El delegado territorial de Justicia en Cádiz, Miguel Rodríguez, puede seguir afirmando que la labor jurisdiccional no se ha visto desatendida y los funcionarios cuentan con una sede acorde a sus necesidades, pero basta ver las denuncias hechas hasta ahora por parte del mismo personal del juzgado para apreciar la mentira", declara.
Así, "la intensa actividad del juzgado de violencia sobre la mujer se ha intentado abordar con 3 plazas de refuerzo financiadas con fondos estatales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, en todo caso no pueden ser renovadas este 30 de junio, y que es un por periodo máximo de tres años”, ha explicado la delegada sindical. “Una vez acabado ese período, el personal interino tiene que cesar para volver a optar de nuevo.