Soberanía, movilidad, control del puerto y el aeropuerto de Gibraltar, doble llave de entrada, régimen de visados, permisos de residencia, devolución y asilo, cooperación judicial y policial, trabajadores transfronterizos, seguridad social, impuestos sobre el tabaco, el alcohol y el fuel. Sobre estas cuestiones, y algunas más, versa el principio de acuerdo, al que ha tenido acceso el diario El País, entre España y Reino Unido sobre Gibraltar en el marco del Brexit. La oposición, Partido Popular y Ciudadanos, ha recriminado al Gobierno que se hayan enterado de los detalles de este acuerdo en la prensa, pese a que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se comprometió a comparecer en el Congreso para informar de su contenido.
Impuesto especial al tabaco o el alcohol
España y Reino Unido reconocen en el preacuerdo, adelantado por El País, que será necesario abordar cuestiones como el IVA sobre bienes e impuestos especiales para "productos sensibles", entre los que se cita el tabaco, el alcohol y el combustible y "medidas que garanticen la igualdad de condiciones". Para ello, se prevén "acuerdos administrativos entre las autoridades españolas y de Gibraltar".
Por otra parte, se apunta a que el futuro acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón podría incluir "disposiciones sobre un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar en cuestiones sobre capacitación y empleo", al cual la UE podría contribuir con fondos.
En lo relativo a cómo se llevarán a cabo los controles en el puerto y el aeropuerto, el documento aclara que las autoridades gibraltareñas serán las primeras en autorizar o denegar la entrada, tras lo cual serán las españolas las que permitan o no la entrada al espacio Schengen. Según se precisa, en el caso del aeropuerto se creará una instalación en la que "oficiales españoles y gibraltareños compartirán espacio".
Además, durante el periodo inicial de implementación, previsto por cuatro años, España contará con "asistencia operacional de Frontex para tareas relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores", estableciéndose una misión conjunta. Al termino de este periodo, el acuerdo podría ser anulado si alguna de las partes así lo desea y previa consulta.
La reivindicación sobre la soberanía se mantiene
El preacuerdo alcanzado prevé que Gibraltar entre a formar parte del espacio Schengen una vez cerrado el tratado entre Reino Unido y la Unión Europea, lo que conllevaría la supresión de la actual Verja. Según el documento remitido por la Comisión Europea al resto de capitales para informar de lo pactado, ya en el artículo 1 se recalca que el preacuerdo "no prejuzga la cuestión de la soberanía y la jurisdicción".
El texto ratifica que el objetivo final es suprimir "todas las barreras físicas" al movimiento de personas entre el Peñón y el espacio Schengen, cuyos controles y disposiciones España deberá garantizar ante el resto de miembros. En el puerto y el aeropuerto, "habrá puntos de entrada Schengen", donde habrá que cumplir con el control gibraltareño y con el previsto por este espacio sin fronteras.
En el apartado aduanero, se prevé que el futuro tratado incluya una solución a la medida, "basada en una adaptación de la unión aduanera entre la UE y Gibraltar" y que permitirá suprimir el control actual en La Línea. Para ello, se aclara, habrá que aplicar una serie de "salvaguardas para evitar distorsiones en el mercado interior, en particular en la economía" del Campo de Gibraltar. Esto pasaría, según el documento, por aplicar "de forma sustancial las mismas obligaciones y medidas de política comercial que la UE". Además, en caso de incumplimiento de las salvaguardas o de no aplicarse de forma adecuada están previstas "consecuencias" como la reintroducción de los controles aduaneros.
Fuentes de la Comisión Europea han confirmado a Europa Press que el documento publicado por El País es el que está en su poder y han aclarado que aún están analizándolo antes de proponer un mandato al Consejo para que proceda a autorizarlo y se puedan comenzar las negociaciones formales del futuro acuerdo.
La oposición no ve claro lo pactado
La secretaria de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha lamentado el "ninguneo al que el Ministerio de Exteriores somete al Parlamento", puesto que, pese a haber pedido expresamente el texto del acuerdo alcanzado aún no lo ha recibido y, sin embargo, este lunes se han conocido algunos detalles en la prensa. En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Marta Martín, que ha adelantado que el partido va a "registrar una pregunta para que el Gobierno explique por qué el acuerdo ha sido conocido antes por la prensa que por las Cortes". "Es un preacuerdo muy importante y confiamos en que la ministra pueda detallárnoslo cuanto antes", ha añadido en declaraciones a Europa Press.
Así las cosas, la portavoz del PP considera que se trata de un "texto vago" y que "viene a confirmar muchos de los temores que ya teníamos", en particular que "España renuncia a hacer valer la reivindicación histórica de la soberanía". Martínez ha destacado que no hay plazos respecto al periodo para alinear la política fiscal del Peñón con la de la UE o a que no se hable "de recuperar las competencias del Ministerio del Interior" en lo relativo a los controles fronterizos. En opinión de la diputada popular, está claro "lo que gana Gibraltar, que formará parte de Schengen y seguirá dentro de Reino Unido, pero no está claro lo que ha conseguido España con este preacuerdo, más allá de la mención a la posibilidad de fondos europeos para el desarrollo del Campo de Gibraltar."
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos ha destacado que aunque la incorporación de Gibraltar a Schengen "bajo supervisión española es una buena noticia para el libre movimiento de los trabajadores del Campo de Gibraltar, "aún quedan muchos flecos que el Gobierno no ha aclarado", como "los impuestos especiales al tabaco o el alcohol para evitar competencia desleal". Igualmente, ha asegurado que su partido se mantendrán "vigilante para asegurar que el Gobierno no renuncia a las aspiraciones de soberanía que forman parte del consenso de la política exterior española".