El Gobierno andaluz señala que iniciarán un proceso negociador con cada uno de los trabajadores afectados, un total de 55, con el objetivo de conseguir las mejores condiciones posibles para cada puesto de trabajo. «La reubicación se podrá llevar a cabo en recursos propios de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad y Políticas Sociales en el Campo de Gibraltar, centros de menores de la provincia o en la zona de residencia del personal afectado», añade la consejería.
La Junta recuerda que el centro fue construido en 1972 y su titularidad fue transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1984. En la actualidad, está destinado a la acogida inmediata de menores extranjeros no acompañados (MENAs), habiendo sido hasta 2013 centro de referencia para la recepción en la provincia hasta que esta función pasó al Centro La Concepción.
Aunque el Centro Nuestra Señora del Cobre tiene capacidad para atender a 24 menores, se redimensionó para 16 por la situación física del mismo, que requería de reparaciones constantes y de coste elevado. «En cualquier caso, el pésimo estado de sus instalaciones no permitía ofrecer la calidad que se le supone a un recurso público de estas características. Por este motivo, un centro fundamental para la acogida inmediata de los MENAs en el Campo de Gibraltar ha quedado infrautilizado, lo que ha llevado al aumento de la ocupación del resto de centros de la provincia», explica la nota hecha pública por Igualdad.
Ya en julio de 2018, el personal del Centro de Menores Nuestra Señora del Cobre denunció el pésimo estado en que se encontraban las instalaciones. «El anterior ejecutivo anunció el cierre para realizar las mejoras, una medida que finalmente no llevó a cabo. A pesar de que en 2011 había adjudicado la reforma del centro a una empresa que finalmente no pudo acometer los trabajos», explica.
Nuevas medidas
En respuesta al incremento de la llegada de MENAs a Andalucía, la Consejería ha anunciado que pretende realizar a lo largo de este año una racionalización de los recursos puestos a disposición de este colectivo de menores para dar respuesta a sus necesidades y expectativas. La reciente Orden de 25 de febrero de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas de atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva constituye el instrumento técnico y jurídico que va a permitir, de una manera ágil, recabar la colaboración de entidades que disponen de los medios personales y materiales para atender adecuadamente a los menores.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene previsto realizar un estudio con rigor metodológico del colectivo por parte de profesionales de la investigación social. «Este análisis en profundidad revelará las áreas de mejora en la atención a los MENAs y definirá sus perfiles, así como sus necesidades en función de su proyecto migratorio», manifiesta el Gobierno andaluz.
Casi un millar de menores han ingresado hasta el mes marzo
La llegada de MENAs a Andalucía ha crecido exponencialmente desde 2017, lo que ha condicionado significativamente la evolución del mapa de recursos residenciales y ha supuesto la necesidad de crear dispositivos de emergencia. Aunque el Estado tiene competencia exclusiva en materia migratoria, a la Junta de Andalucía le compete la protección de estos menores que llegan solos en patera, por lo que se encuentran en situación de desamparo; y atender sus necesidades básicas de alimentación, alojamiento, salud, educación e integración social.
En 2018, precisaron algún tipo de atención del sistema de protección hasta 9.153 MENAs, más del doble que en 2017 (4.172). Hasta mediados de marzo de 2019, se han producido 961 nuevos ingresos en el sistema.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informó en el Consejo de Gobierno del pasado 26 de marzo sobre la tramitación de emergencia en la renovación del contrato de 500 plazas del servicio de atención inmediata para menores extranjeros no acompañados. El presupuesto de estos contratos, que asciende a 3.035.000 euros, se abona con cargo al Programa presupuestario 31E ‘Atención a la Infancia’ y completa las 1.351 plazas de las que dispone la Administración andaluza.
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