La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha salido al paso de las críticas vertidas por Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) por una manifestación convocada en La Línea de la Concepción, según entiende, contra la Guardia Civil y la Policía Nacional. La administración asegura que «las subdelegaciones ni autorizan ni apoyan reuniones ni manifestaciones, únicamente pueden prohibirlas en determinados casos».
Según el Gobierno en Cádiz, un grupo de personas ha comunicado su intención de llevar a cabo una protesta durante los próximos nueve días. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que están previstas que sean, alternativamente, en la frontera con Gibraltar y en los juzgados. Ni uno ni otro han ofrecido más detalles. Este domingo, según desveló ayer AEGC, iba a llevarse a cabo una concentración convocada por familiares del linense fallecido a principios de mes durante un incidente con una patrullera de la Policía de Gibraltar.
Sobre las autorizaciones, la Subdelegación del Estado en Cádiz aclaró que «las subdelegaciones no entran en los motivos alegados en las comunicaciones de reuniones y manifestaciones» y se mostró sorprendida que SUP y AUGC lo desconozcan.
«Las subdelegaciones no autorizan manifestaciones, ya que conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las reuniones están siempre autorizadas. Lo que puede hacer la autoridad administrativa es prohibir la reunión o manifestación en caso de que existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, como indica el artículo 21,2 de la Constitución», añade en el texto enviado.
«Estas razones de orden público las acota el Tribunal Constitucional en Sentencia del año 2000; solo las que puedan provocar prolongados colapsos circulatorios que impidan el acceso a determinadas zonas, imposibilitando por completo de este modo la seguridad de las personas o bienes –urgencias médicas, bomberos o policía– podrán considerarse contrarias al límite que establece la normativa. Solo en tales casos se podrá prohibir o proponer un itinerario alternativo», continúa.
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz apunta que no solo no comparte los motivos de la manifestación «sino que se rechaza, reconociendo y alabando el compromiso, la profesionalidad y buen hacer de Policía Nacional y Guardia Civil», pero «el desacuerdo con el motivo alegado en la comunicación de una reunión no faculta a la autoridad a su prohibición». «De ser así, se afectaría de manera grave este derecho fundamental, bastando poner como ejemplo el caso de que podrían prohibirse las reuniones y manifestaciones comunicadas por partidos de la oposición contra el gobierno existente en cada momento», concluye.]]>