El origen de este problema se remonta a mediados de los noventa, cuando el entonces alcalde Patricio González y su socio de gobierno del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, “decidieron hacer negocio con el agua de todas las algecireñas y algecireños, vendiendo el agua a la multinacional francesa Aqualia por un periodo de 25 años».
De esta venta, nació Emalgesa, una sociedad mixta de la que el Ayuntamiento es propietario en un 51 por ciento. “Sin embargo, es Aqualia quien controla cómo se suministra el servicio y cuánto se cobra por el agua en el recibo. Además, las pérdidas económicas del servicio las ha estado asumiendo el Ayuntamiento todos estos años, mientras que cuando hay beneficios, se los lleva la empresa”, explica la coalición política, que añade que este proceso prosiguió con el PSOE, que prorrogó el contrato de Aqualia otros 25 años.
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