El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha presidido la habitual Junta de Gobierrno que se celebra los viernes y en la que se ha dado trámite a varios asuntos relevantes.
El primero de ellos, según ha explicado el primer edil, ha sido el reajuste el acuerdo para conceder la Medalla de la Ciudad a policías nacionales y guardias civiles destinados en Algeciras. El Ministerio del Interior había puesto objeciones respecto a la Guardia Civil, pero ya se han subsanado según sus indicaciones. Landaluce ha recordado que este reconocimiento es para agradecer la labor de quienes protegen a la ciudadanía.
En otro orden de cosas, se han aprobado igualmente ayudas de carácter social para colectivos que atienden a personas desfavorecidas. En este sentido, la teniente de alcalde delegada de Bienestar Social, Paula Conesa, ha asegurado que, gracias a la colaboración la Delegación de Hacienda, “hemos desbloqueado 50.000 euros para una nueva convocatoria, para que los proyectos sociales de nuestras entidades puedan ser una vez más subvencionados y tener ese apoyo por parte de la entidad local”. El próximo paso será publicarlo en el boletín oficial abriéndose un periodo de tiempo para que las ONG presenten sus proyectos.
En el ámbito económico, la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha informado de que la Junta de Gobierno ha dado cuenta de tres sentencias favorables a los intereses municipales, pero que podrían haber sido un perjuicio para las arcas municipales.
La primera referida al swap con Banco del Santander. El anterior Gobierno socialista mostró su intención de pedir un crédito con una entidad privada. Ese crédito llevaba aparejado un contrato de legislatura que se conoce como swap, y “cuál fue nuestra sorpresa al enterarnos que no habían pedido el crédito y nos habíamos quedado con el swap de 10 millones de euros. Esa sentencia llevamos más de doce años luchándola gracias a la labor de los letrados que tiene este ayuntamiento, y ha sido favorable”, ha asegurado Solanes.
La siguiente sentencia que da la razón al consistorio eran una reclamación de ocho millones de euros. Una sentencia totalmente fundamentada y que le da la razón al Ayuntamiento respecto a la anterior concesionaria del servicio de grúa. Esta sentencia favorable que evita el pago de esa cantidad.
En tercer lugar, una sentencia al Partido Socialista, al que se ha condenado a costas. El Partido Socialista acudió a los tribunales sin ningún tipo de fundamento por pagos a funcionarios absolutamente ajustados a ley y, a día de hoy, les dan la razón los jueces al consistorio.