El Centro Penitenciario Botafuegos es la prisión española en la que más móviles se intervienen. Así lo asegura una denuncia del sinticato Acaip-UGT, que destaca que en los últimos cinco años se han intervenido a los internos un total de 690 teléfonos. Destaca también que esta situación es más habitual en aquellas prisiones donde se albergan más internos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo.
Un preso, según explica fuentes sindicales, tiene derecho a un máximo de diez llamadas de teléfono de un máximo de 5 minutos cada una e incluso se les ha habilitado una cabina para hacer videollamadas con objeto de poder ver a familiares que no pueden acudir a la prisión debido a enfermedades o lejanía del establecimiento. A pesar de ello, cada dos o tres días se interviene un terminal. Según datos oficiales del Ministerio del Interior en referencia a Botafuegos, en 2017 se intervinieron 93 móviles; 192 en 2018, 138 en 2019, 135 en 2020, y 121 en 2021.
Trabajadores de la prisión algecireña aseguran que suelen usar móviles "más pequeño que un mechero y de unos 13 gramos, menos peso que una moneda de 2 euros", lo que permite a los reclusos esconderlos en un hueco realizado al colchón de la cama, en el tacón del zapato, interior de un bollo de pan, interior de un marcador fosforescente, en un libro manipulado, rendijas de ventilación, e incluso en el interior del cuerpo. Además, son prácticamente todo plástico y tienen pocas piezas de metal, por lo que es sencillo el eludir el arco detector de metales. Además, algunos de ellos superan la capacidad de los inhibidores de frecuencia 2G o 3G instalados al ser de superior frecuencia.
"Estos pequeños terminales están prohibidos porque van contra la Seguridad o el buen orden del centro, al ser utilizados por internos pertenecientes bandas organizadas, narcotraficantes, yihadistas… para seguir dirigiendo sus actividades delictivas desde el interior de la prisión. Otros lo utilizan para obtener un beneficio económico, pues se venden por un precio que oscila entre 200 o 300 euros o lo alquilan a otros compañeros de internamiento y cuando no se pueden saldar las deudas, vienen los ajustes de cuentas, amenazas, coacciones, peleas, agresiones, entre ellos. También comporta peligro para los propios funcionarios, porque se hacen llamadas avisando al exterior de los días de trabajo y horarios de entrada y salida", explica Acaip.
"Desde Acaip-Ugt Botafuegos, presentamos la enésima queja a nuestra Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a su vez ponemos en conocimiento de todos los ciudadanos las dificultades para desempeñar nuestra tarea con eficacia mientras esté masificada nuestra prisión, haya falta y continuada de trabajadores, no se utilicen los medios electrónicos adecuados o éstos estén obsoletos o fuera servicio", solicitan los trabajadores.