El Centro Penintenciario Botafuegos es el quinto de toda España donde más móviles se han incautado en los cinco últimos años, una situación que supone una preocupación ya que supone un riesgo para la seguridad del centro. Entre los años 2020 y 2024 en la prisión algecireña se han incautado un total de 571 terminales, en el resto de cárceles del país la cifra asciende a 12.882 móviles. Tan sólo el pasado año se requisaron un total de 2884 dispositivos en España de los cuales 59 fueron retirados en Algeciras.
Los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género, el narcotráfico o seguir coordinando las redes criminales desde el interior de prisión. Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social. "Los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados dentro de prisión", comenta el sindicato Acaip+UGT.
Muchos de estos terminales son utilizados por internos condenados por narcotráfico, violencia de género o bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas e intervenidas por motivos de seguridad, a su vez originan alteraciones del orden debido al mercadeo interior donde se generan deudas, coacciones, amenazas, agresiones o peleas.
"Los funcionarios deben hacer frente a esta problemática con medios insuficientes, los terminales son cada vez más pequeños y fabricados con plásticos por lo que escapan fácilmente a los detectores de metales, al ser diminutos pueden esconderse en lugares insospechados", declaran estas fuentes sindicales.
Por si fuera poco, han surgido nuevos métodos de introducción de estos objetos prohibidos: los drones, con capacidad de sobrevolar las instalaciones penitenciarias y depositarse de forma precisa en el lugar convenido, "todo ello gestionado desde el exterior por bandas organizadas previo pago económico del interesado".
"Si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene interés en abordar la problemática que se vive a diario en las prisiones españolas, debe instalar equipos electrónicos con nuevas tecnologías, los actuales inhibidores de frecuencia tienen una función decorativa porque o no están operativos o están obsoletos porque sólo inhiben redes 3G y actualmente la tecnología es 5G", reclama Acaip.
"De nuevo desde Acaip volvemos a poner encima de la mesa del mandamás de las prisiones españolas una de las muchas problemáticas que reina en todas las cárceles del país, una respuesta eficaz ante esta amenaza constante no depende de sus funcionarios penitenciarios, sino del interés que se tomen los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en buscar soluciones", concluyen en una nota de prensa.