Los centros de educación infantil adheridos al Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) de la Junta de Andalucía han solicitado al Gobierno andaluz que descongele el precio plaza, bloqueado desde 2020, momento en que entró en vigor. En Algeciras, un total de 13 escuelas se han sumado a esta reivindicación, enmarcada en un movimiento andaluz que agrupa a más de 1.400 centros.
Las profesionales califican la situación de "insostenible" y advierten de que muchos centros han tenido que cerrar en los últimos años, mientras otros se plantean hacerlo si no se revisan las condiciones económicas. Denuncian que el precio público permanece sin actualizar desde 2019, pese a una inflación acumulada superior al 20% y a un incremento de los costes laborales que, según exponen, oscila entre el 30% y el 60% en función de la categoría profesional.
“La inflación ha subido un 22% y los costes laborales se han incrementado hasta un 60%. Estamos desesperados”, ha trasladado Rosa Álvarez, gerente de la escuela infantil 'El Patio de mi casa', cuyas palabras han sido respaldadas por representantes de los centros Mauxi, Montessori, Los Guardianes y La Yedra.
Desde las escuelas subrayan que no se trata de una cuestión de beneficio empresarial, sino de garantizar la estabilidad del servicio, tanto para los menores como para las plantillas. “No hablamos de ganar más, sino de poder sostener los centros”, ha señalado Miriam, del CCEI Mauxi. En la misma línea, Sara, del CCEI Montessori, ha insistido en que el ciclo de 0 a 3 años es clave en el desarrollo del menor, ya que en esta etapa se sientan las bases de su personalidad y habilidades sociales, y lamenta no sentirse respaldada por las administraciones.
La situación se complica, explican, por el aumento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la imposibilidad de ampliar plantillas por falta de recursos. A ello se suma la entrada en vigor del Decreto 76/2025, que obliga a reforzar personal y a contar con una dirección por centro, incluso en redes pequeñas, lo que eleva de forma significativa los costes fijos sin que exista una revisión paralela del precio público.
Actualmente, el precio de la escolaridad se sitúa en 240,53 euros mensuales y el comedor en 92 euros, cifras que no se han actualizado desde 2019, año en que se aprobó, aunque entró en vigor en 2020. Esta brecha entre ingresos y gastos provoca que, incluso con las aulas completas, numerosos centros operen por debajo del umbral de sostenibilidad, en un contexto además marcado por la caída de la natalidad y el aumento de plazas vacantes.
Ante este escenario, las escuelas reclaman una actualización inmediata del precio plaza que refleje el incremento real de los costes, la implantación de un mecanismo de revisión anual vinculado al IPC y a la evolución salarial, así como una adecuación del marco normativo que permita mayor flexibilidad organizativa.