El Registro Civil de Algeciras ha sido denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz por el sistema obligatorio de citas previas.
Según han informado a través de una nota de prensa, un padre de familia y jurista de formación, Jonathan Iglesias, no podía inscribir el nacimiento de su hijo en el Registro Civil de Algeciras, porque era “misión imposible” conseguir cita previa para realizar el trámite, para el cual disponía de tan sólo 10 días, caso contrario no podría solicitar la retribución por paternidad ni de maternidad de la madre, ni tampoco inscribir al recién nacido en el Sistema Andaluz de Salud y tener derecho a un pediatra, razón esta última por la que tuvo que contratar una póliza privada de salud urgentemente para no dejar al menor sin protección sanitaria.
Ante esta situación, Iglesias se personó en las oficinas del Registro con el fin de inscribir a su hijo, pero "un agente de la Guardia Civil que se encontraba en el acceso le impidió en varias ocasiones acceder a las instalaciones públicas". "Tras consultar en Google el perfil del propio Registro Civil, observé cómo no se trataba de un caso aislado, sino que había decenas de personas quejándose de lo mismo y con muchísima frustración”, ha asegurado el padre de familia, quien ha interpuesto una reclamación ante el Registro Civil sin recibir respuesta.
En la reclamación, Iglesias ha señalado la ilegalidad de un sistema de citas previas obligatorio, “sistema que se impuso en la época del COVID para evitar aglomeraciones en los servicios públicos pero que ya carece de sentido. En vez de quitarlo, han perpetuado este sistema ilegal que impide a los ciudadanos acceder a servicios públicos tan básicos y necesarios como este".
A la vista de que el Registro Civil de Algeciras no ha contestado a la reclamación efectuada por el padre, éste ha decidido elevar la cuestión ante el Defensor del Pueblo Andaluz, quien ya ha instado al Registro Civil que se manifieste al respecto.
El jurista ha señalado que “el Ministro José Luis Escrivá ya anunció en 2024 que eliminaría este sistema, contrario al artículo 103 de la Constitución, ya que actúa como una barrera de acceso, contraviniendo la obligación de la administración de servir al ciudadano. Y esto es especialmente preocupante en personas mayores, que carecen de acceso a internet, vulnerando a la vez el articulo 14 LPAC que establece la libertad de elección a la hora de acceder a los servicios públicos. Sí es cierto que muchas Administraciones han eliminado el sistema de cita previa obligatoria, pero aún queda mucho por hacer. No se puede mantener la obligatoriedad de un sistema de citas que debería ser alternativo y no obligatorio”.