La Coordinadora CIE No Cádiz ha comunicado al Defensor del Pueblo la presunta ilegalidad en la privación de libertad de personas extranjeras en el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, al considerar que el centro habría entrado en funcionamiento con anterioridad a su fecha oficial de creación. La entidad respalda la queja presentada ante esta institución, en la que se insta a promover un procedimiento de habeas corpus por una privación de libertad que, según sostienen, no se ajustaría a derecho.
Según trasladan las entidades sociales, el nuevo centro, ubicado en Botafuegos, comenzó a recibir a personas internas desde el pasado 3 de noviembre de 2025. Sin embargo, la orden ministerial que establece oficialmente la creación del CIE de Algeciras —y el cierre simultáneo del antiguo centro de La Piñera— no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado hasta el 7 de febrero de 2026. En este sentido, recuerdan que el artículo 5.1 del Real Decreto 162/2014 establece que los CIE solo pueden crearse mediante orden ministerial, por lo que, durante más de tres meses, se habrían ejecutado internamientos en un establecimiento que aún no estaba formalmente constituido conforme a la normativa vigente.
Desde la Coordinadora CIE No Cádiz han subrayado que esta situación no constituye una cuestión menor, sino que afecta directamente a la salvaguarda de los derechos fundamentales, la garantía normativa y la seguridad jurídica. En este sentido, han recordado que la privación de libertad es la medida más restrictiva que contempla el ordenamiento jurídico, por lo que el Estado debe ejercerla con estricto cumplimiento de la legalidad.
Por otro lado, la entidad ha reiterado sus críticas a la utilidad de los centros de internamiento de extranjeros y, en particular, al nuevo CIE de Algeciras, que con una inversión superior a los 30 millones de euros se ha convertido en el mayor centro de estas características en España. Desde la Coordinadora consideran que estos centros no son necesarios y que existen alternativas a su utilización, al tiempo que califican su construcción como un malgasto de dinero público en una comarca que, según señalan, presenta importantes carencias en infraestructuras educativas, sanitarias y sociales, así como en servicios públicos esenciales. Asimismo, han recordado el reciente cierre de los juzgados penales de Algeciras debido al estado ruinoso del edificio como ejemplo de las necesidades pendientes en la zona.