La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha solicitado personarse en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por posible delito de terrorismo tras el ataque con un machete en Algeciras que dejó un sacristán asesinado y varios heridos, entre ellos un sacerdote.
La asociación interpuso este jueves una querella contra Yassine K., a la que ha tenido acceso Europa Press, por un presunto delito de asesinato terrorista consumado y un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa. En la misma, piden al Juzgado Central de Instrucción Número 6 ejercer la acusación popular.
Además, DyJ solicita al juez Joaquín Gadea la declaración como investigado del presunto autor del ataque así como la de "todos los testigos directos de los hechos que vieron como el presunto terrorista profirió gritos en árabe y atacó a las víctimas invocando el nombre de Alá".
En el auto por el que autorizó el registro en el domicilio del detenido, recogido por esta agencia de noticias, el juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de asesinato y lesiones con instrumento peligroso con fines terroristas, y relaciona la acción con el salafismo yihadista al concluir que con ella pretendía "alterar la paz pública mediante la ejecución de actos de terror, lo que habría podido motivar la actuación criminal". Además, decreta el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.
CRÍTICAS AL GOBIERNO POR EL "ENCUBRIMIENTO"
A través de un comunicado, la asociación ha criticado que el Gobierno esté "tratando los hechos como un asesinato normal" y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esté "ocultando la dimensión terrorista del atentado conscientemente al denominarlo simple 'ataque'".
"Este encubrimiento de información recuerda al que los socialistas criticaban cuando desde la oposición acusaban al Gobierno de (José María) Aznar de mentir tras el 11M", ha asegurado el presidente de DyJ, Daniel Portero, que ha censurado toda ocultación de intereses "venga de quien venga".
Portero, que incide en que la AN ha abierto diligencias de investigación, considera que "esta iniciativa debería ser suficiente para que el Gobierno califique el hecho como un atentado terrorista", asegurando que la actitud de Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, supone una "afrenta a las víctimas".
"DAR LA ESPALDA A UNA REALIDAD TERRIBLE"
"El terrorismo ataca a toda la sociedad, es una amenaza contra un país; quitarle importancia es un flaco favor a los españoles, pues supone dar la espalda a una realidad terrible que nos afecta a todos", ha lamentado Portero, que recuerda la diferencia entre el delito de terrorismo y el de asesinato.
"Un delito de asesinato terrorista está castigado con hasta 40 años de prisión, mientras un asesinato normal lo está con entre 15 y 25 años; la responsabilidad civil para el primero supera el medio millón de euros, la asume el Estado y está exenta de cualquier impuesto para las víctimas, mientras la del segundo la determinará la normativa y en ningún caso la asume el Estado", explica.
El presidente de DyJ, además, también subraya la repercusión que la consideración de terrorismo conlleva para los familiares de los fallecidos que tendrían, "entre otros muchos, el derecho a asistencia jurídica gratuita" o "ayudas paras tratamientos médicos y asistencia sanitaria".
"Nada de esto reciben los familiares de un asesinato no terrorista", remarca Portero, que también ahonda en las diferencias para los propios reclusos.
"Un condenado por asesinato normal puede acceder al tercer grado con un cuarto de la pena cumplida, mientras que otro que lo haya sido por terrorismo necesitará haber cumplido al menos la mitad, haber mostrado voluntad de abono de la responsabilidad civil, buena evolución, colaboración con la autoridad para resolver otros crímenes y signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas", ahonda Portero.
Por otro lado, cabe recordar que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) también solicitó este jueves al citado Juzgado su personación en la investigación. Además, contactó con el Ministerio del Interior para ofrecerle sus servicios psicológicos, con vistas a atender a las víctimas y afectados por la acción criminal en varias iglesias de Algeciras.
El magistrado tendrá que decidir ahora si decide la personación tanto de AVT como DyJ.