Para los trabajadores del centro de menores infractores de La Marchenilla, en Algeciras, las últimas semanas han sido "un mes de infarto", lleno de incertidumbre y de momentos difíciles, también de negociaciones contra reloj, y de muchas lágrimas. Así nos lo cuenta Fran Fernández, secretario de un comité de empresa que ha estado trabajando sin descanso para intentar minimizar el daño que iba a causar el ERE anunciado por Ginso, la empresa adjudicataria, tras la última actualización del pliego de condiciones realizada por la Junta, que "obligaba a reestructurar los puestos de trabajo".
Finalmente, de los 23 despidos que se temían (19 anunciados a primeros de diciembre, a los que luego se sumaron 4 más), se han conseguido "salvar" 13 puestos de trabajo, todos ellos de monitores educativos, algunos habilitados ya como educadores, y con bastantes años de antigüedad en el centro. Los otros 10 despidos, que "lamentablemente, no se han conseguido parar", corresponden a cuatro auxiliares de control, dos técnicos de mantenimiento (de los cuatro que estaban previstos), y cuatro trabajadores de cocina, tras externalizar la empresa este servicio.
Pese a ello, el comité de empresa, compuesto por representantes de UGT, CCOO y USO, defiende el logro que supone haber conseguido reducir los despidos a más de la mitad de los anunciados, y también la creación de una mesa de trabajo que va a seguir trabajando en las habilitaciones de quienes reúnan los requisitos para pasar de monitores a educadores, lo que "dejaría abierta la posibilidad que algunos de los trabajadores afectados por los despidos pudieran reincorporarse como monitores".
Educación Social, una carrera que no existía hace 22 años
Para entender la compleja situación a la que se enfrentaba el personal de La Marchenilla hay que tener en cuenta que cuando se creó este centro de menores, en el año 2000, la titulación universitaria de Educación Social no existía. El centro empezó a funcionar contratando como monitores educativos a un grupo de personas con perfiles profesionales muy diversos, que tuvieron que aprender prácticamente de cero a llevar a cabo un cometido difícil: intentar reinsertar a menores que habían cometido algún tipo de delito. "Sin apenas herramientas, creamos una forma de trabajo que ha ayudado a muchos chavales, y enseñamos luego también lo que habíamos aprendido a los educadores sociales que se fueron luego incorporando, una vez que se creó la carrera", recuerda Fran Fernández.
A partir de 2012, la Administración ya estableció que, en lo sucesivo, no se podría contratar como educador de centros de menores a nadie que no tuviera la nueva titulación. En 2016, el nuevo pliego de condiciones ya obligaba a la empresa adjudicataria a diferenciar entre monitores y educadores con una ligera diferencia salarial a favor del educador, "aunque el trabajo a desempeñar fuera el mismo", y establecía por primera vez unos cupos mínimos de puestos para educadores con titulación, que había que cumplir.
Ha sido la última actualización del pliego, en 2021, la que ha dado lugar a este conflicto laboral, al establecer que el centro de menores debía contar con un mínimo de 80 educadores y un mínimo de 11 monitores. "En Marchenilla teníamos 65 educadores sociales y 30 monitores educativos, por lo que, para no incumplir el pliego, la empresa debía empezar a contratar educadores. A partir de ahí, nos encontramos con que nos planteaban un ERE, según el cual, inicialmente tenían que irse a la calle 19 personas, de las cuales 13 eran monitores", recuerda el secretario del comité de empresa.
Una cláusula del convenio estatal del sector, que abre la puerta a que un monitor educativo que cumpla con los requisitos pueda ser "reconvertido" en educador, permitió aferrarse a ella para intentar negociar y evitar el despido masivo de los monitores, a pesar de las reticencias iniciales de la empresa. Desde el comité pidieron apoyo a representantes políticos de la zona, entre ellos el alcalde de Algeciras, el presidente de la Mancomunidad, y la parlamentaria andaluza de IU Inmaculada Nieto. Finalmente, este miércoles se conseguía una reunión con el director general de Justicia de la Junta que desembocaría en una buena noticia: la de que era posible "convertir" a los monitores afectados en educadores, según la normativa actual.
Agradecimiento especial a Inmaculada Nieto
En su nombre y en el de todos sus compañeros, y al igual que ha hecho ya en redes sociales, Fran Fernández ha querido reiterar su agradecimiento a cuantos han hecho posible que se hayan podido conservar los puestos de trabajo de los monitores educativos que durante todos estos años "se han dejado la piel" en La Marchenilla. Especialmente a Inmaculada Nieto, "verdadera artífice de la reunión con el director general de la Junta y que nos acompañó en todo momento, al propio director general y su gabinete, y a Rodrigo Sánchez (parlamentario del PSOE) por su implicación y ayuda en esta reunión". "Gracias también a José Ignacio Landaluce, por escucharnos e intenta ayudar, a Juan Carlos Ruiz Boix, por poner a nuestra disposición a la ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz, a Juan Lozano, Fernando Silva, Dani Moreno y demás concejales por recibirnos y ayudar con el soporte que un partido como el PSOE puede ayudar, y a IU algeciras, que sacaron también una nota denunciando nuestra situación", añadía.