El gobierno de Gibraltar ha presentado hoy una denuncia penal contra los líderes de Vox en virtud de Artículo 510 del Código Penal español, que aborda los delitos de incitación al odio.
En la denuncia, comunica a la Fiscalía española una larga lista de declaraciones de Vox y sus líderes de la que se desprende «una clara estrategia para denigrar a los gibraltareños y nuestras instituciones y que parece claramente concebida para generar un ambiente de odio entre los españoles hacia Gibraltar». El gobierno yanito recuerda que, «recientemente, el líder de Vox en La Línea de la Concepción dimitió acusando a los líderes nacionales del partido de fomentar el odio hacia Gibraltar».
Además, el gobierno de Gibraltar apunta que «en los últimos días, algunos de los comentarios en Internet provocados por las declaraciones de Vox y sus líderes nacionales instaban explícitamente a emprender medidas violentas contra Gibraltar».
«Como ocurre en otros países europeos y en el mundo civilizado, la legislación española castiga los delitos de odio. El gobierno de Gibraltar recuerda el largo y oscuro historial en Europa de ataques a minorías por parte ideologías políticas extremistas. Los resultados de algunas de esas campañas de odio constituyen una mancha imborrable en la historia de Europa, y el fobierno no escatimará en esfuerzos para garantizar que aquellos que fomentan el odio contra su pueblo sean juzgados con todo el peso de la Ley», apunta Gibraltar en una nota.
Además, el Gobierno ha solicitado a los fiscales españoles que investiguen el grupo online “Gibraltar Español”, un grupo en las redes sociales que publica regularmente acusaciones contra Gibraltar y que, asegura, «recientemente ha sido un importante altavoz para la propaganda de Vox contra Gibraltar».
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, comentó: “El Gobierno de Gibraltar está firmemente comprometido con el principio de libertad de expresión, pero no permitiremos que aquellos que intentan dañarnos incitando el odio contra el pueblo de Gibraltar abusen de esta libertad fundamental. Existe una clara línea divisoria entre el derecho a expresar la propia opinión, por muy en desacuerdo que podamos estar con las opiniones expresadas, y la incitación al odio, las injurias, las calumnias y la difamación. No permitiremos que nadie cruce esa línea sin consecuencias y emprenderemos todas las medidas necesarias en cualquier tribunal disponible para combatir estos intentos que, en nuestra opinión, constituyen un delito de incitación al odio. En la historia ha habido casos en los que aquellos que han incitado a la violencia han salido impunes. Esto no ocurrirá bajo mi responsabilidad y mientras mis compañeros de gabinete y yo ostentemos nuestro cargo”.