La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, acogerá el próximo mes de febrero el juicio contra quince personas, entre ellos cinco guardias civiles, destinados en la sección aduanera del Puerto de Algeciras, acusados de facilitar el contrabando de tabaco a través de sus instalaciones y de blanquear capitales procedentes de esa actividad ilícita, entre otros delitos. La Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión para el agente de la Guardia Civil considerado el presunto líder de esta organización criminal dedicada al tráfico de tabaco y blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
En el escrito de acusación, se indica que el considerado el cabecilla de los guardias civiles implicados tenía contactos con una persona con antecedentes policiales, con quien habría organizado, con la ayuda del abogado de confianza del primero de ellos, estas actividades.
Según la Fiscalía, el guardia civil considerado el cabecilla de la organización y su esposa, también imputada y que carecía de medios de vida conocidos, gozaban de un enorme patrimonio aparentemente incompatible con su situación laboral, contando con participaciones en entidades mercantiles, eran titulares de 30 automóviles y habían participado en la compra de cuatro inmuebles.
En total se juzga la participación en la organización de siete sociedades mercantiles y 15 personas, entre ellos varios agentes de la Guardia Civil y el abogado de confianza del principal acusado y líder de la organización. En concreto, se acusa al entramado de organización criminal, contrabando de tabaco, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad de documentos mercantiles y oficiales y blanqueo de capitales.
La Fiscalía señala que el acusado, presunto líder de la trama, supuestamente ofrecía los servicios de su organización a otros grupos delictivos, a los que facilitaba la introducción de mercancía ilícita a través del Puerto de Algeciras en la que él y sus hombres estaban destinados.
"Como líder, impartía órdenes e instrucciones a los demás acusados, determinaba la forma de proceder para garantizar la entrada de la mercancía ilícita en territorio español, distribuyendo funciones y roles entre sus subordinados, y en una fase posterior utilizaba a sus allegados como testaferros para la ocultación de las ganancias
ilícitas que obtenía".
Además, la Fiscalía añade en su escrito que "todo ello lo realizaba omitiendo las más elementales obligaciones inherentes a su cargo y aprovechando la información privilegiada que conocía por razón de su destino profesional".
La investigación comenzó a finales de 2012, si bien Vigilancia Aduanera investigó el patrimonio de varios acusados entre 2009 y 2004, que incluía la constitución de una serie de empresas utilizadas para el blanqueo de capitales.
Al principal acusado, junto a su mujer y la hija de ambos, así como el hermano de éste y una persona más de su entorno familiar, se les acusa de haber blanqueado un total de 636.336,26 euros a través de sus empresas.
Por su parte, al otro principal acusado, su pareja y el administrador de sus dos sociedades, se les imputa el blanqueo de 1.009.621,20 euros.
El principal acusado era jefe de turno de la sección aduanera de la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras en las fechas de los hechos investigados. Para él, la Fiscalía reclama una pena de 28 años de prisión y 14 años de inhabilitación como agente, así como multas por casi once millones de euros.
En cuanto a los otros cuatro agentes, la petición de penas va de los catorce años y medio a los diecisiete años de prisión, además de la inhabilitación para el servicio en la Guardia Civil por periodos que van de diez años y medio a trece años.
Fuentes cercanas al caso han indicado que el comienzo de la vista oral está prevista para el próximo día 7 de febrero.