Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), en coordinación con la Unidad de Protección de la Salud Campo de Gibraltar Oeste del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, han intervenido más de 14.000 productos suplementos deportivos por presentar deficiencias en el etiquetado en un establecimiento de Algeciras.
Según ha expicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron en el mes de abril, cuando los agentes, en el marco de una operación contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico que de ello se deriva, realizaron una inspección en una tienda de nutrición y productos deportivos de Algeciras.
Durante la inspección los agentes hallaron un total de 14.030 productos, entre los que se encuentran alimentos para deportistas y complementos alimenticios, que presentaban deficiencias en el etiquetado, y no acreditando, además, en estos últimos la notificación de su puesta en el mercado, siendo obligatorio para cada uno de ellos en toda Europa y en España.
Los productos, valorados aproximadamente en 280.000 euros, y que no presentaban etiquetados en idioma español ni estaban notificados, han sido intervenidos con la finalidad de proteger la seguridad alimentaria de los consumidores.
Según ha explicado la Guardia Civil, a la hora de determinar si un alimento es o no seguro se tienen en cuenta las condiciones normales de uso del alimento por los consumidores y que la información ofrecida al consumidor sobre la prevención de determinados efectos perjudiciales para la salud que se derivan, tales como intolerancias o alérgenos, se encuentren en idioma oficial, ya que un mal uso podría derivar en perjuicios al usuario final.
Por este motivo, al no encontrarse su etiquetado en castellano y no poderse realizar esas comprobaciones por los usuarios finales, se ha procedido a la retirada e intervención de los productos, que han quedado retirados de los mostradores y estanterías, fuera de la venta al público y siendo precintados por la Guardia Civil a disposición de las diversas administraciones de salud y consumo competentes.
Por su parte, el responsable del establecimiento ha sido denunciado a la normativa de Salud y Seguridad Alimentaria, teniendo que acreditar la trazabilidad de los productos inmovilizados y la notificación de puesta en el mercado de los mismos.