Un juzgado ha requerido al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, que elimine de sus redes sociales varios contenidos en los que amenazaba al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales si no presentaba su dimisión. Asimismo, le ordena cesar en la publicación de nuevos mensajes de la misma índole mientras se resuelve el procedimiento principal.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 estima parcialmente la petición de medidas cautelares incluida por Landaluce en la demanda que interpuso el pasado mes de diciembre, después de que Pérez publicara en su canal de Telegram mensajes en los que amenazaba con difundir informaciones contra el alcalde si este no abandonaba el cargo.
Los mensajes objeto de la resolución fueron difundidos los días 17 y 18 de diciembre en un canal público que cuenta con más de 650.000 seguidores. En ellos, el eurodiputado hacía referencia a supuestas pruebas sobre “agresiones sexuales”, irregularidades en la gestión de dinero público e incluso un homicidio, imputaciones que el juez considera “directas y reiteradas”.
El auto subraya que tales publicaciones suponen “un evidente menoscabo en el derecho al honor del actor”, al difundirse “sin base en hechos objetivamente contrastados o en resolución judicial alguna” y con la finalidad de atentar contra la reputación de un rival político.
Además, el magistrado advierte de que, de no adoptarse estas medidas cautelares, el transcurso del tiempo hasta la resolución definitiva del procedimiento podría hacer “inútil el reconocimiento judicial del derecho al honor” del alcalde ante la continua difusión de este tipo de mensajes.
Cabe recordar que las conversaciones de WhatsApp difundidas previamente por Pérez ya fueron analizadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo tras una denuncia del PSOE de Algeciras, procedimiento que fue archivado al considerar que los pantallazos no constituían base suficiente para investigar los supuestos delitos.
La resolución judicial obliga ahora al líder de SALF a retirar de forma inmediata las publicaciones señaladas y a abstenerse de realizar nuevas manifestaciones similares hasta que exista una sentencia firme o se acuerde el levantamiento de las medidas cautelares.