Al menos 1.064 personas migrantes perdieron la vida en 2018 intentando llegar a España. Esta es una de las cifras que arroja el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). El colectivo critica la actual política migratoria que convierte los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, como el de Campamento, San Roque, en un "macrocentro de detención".
Las más de mil personas que han perdido la vida representan "una cifra horrible", sólo superada en treinta años con la "crisis de los cayucos" en 2006. Así lo ha valorado Ana Rosado, coordinadora de este informe y miembro de la APDHA, desde la que se encuentran recorrieron distintos puntos de la geografía andaluza para poner el foco sobre el drama de la inmigración y criticar las actuales políticas migratorias.
El informe de la APDHA registra un balance de 64.120 personas migrantes que llegaron en 2018 a nuestro país, por vía marítima y terrestre, en busca de una nueva oportunidad. Esta cifra supone casi el doble que en el año anterior y significa el número más alto desde que existen registros. Sin embargo, técnicos de la APDHA advierten que este incremento es "insignificante" respecto al denso de la población española, representando tan sólo un 0,01%.
Según explican desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, este repunte de los flujos migratorios se debe a varios factores, como la política antimigratoria puesta en marcha por los gobiernos de Italia y Grecia, así como la peligrosidad de países de tránsito como Libia, Turquía o Marruecos. Esto convierte a España en una de las puertas favoritas de entrada a Europa.
La APDHA denunciaba ayer en Algeciras las "políticas criminales" del estado español que han causado que las personas muertas o desaparecidas durante el año pasado se multipliquen por cuatro, respecto a 2017. Desde la asociación no sólo ponen el foco sobre estas cifras sino que además advierten que "los actuales protocolos de detención y expulsión vulneran los derechos de estas personas. Se les retienen en lugares no habilitados, como si hubieran cometido un delito", señala Rosado, que critica la falta de asistencia jurídica y subraya la importancia de atender a dos colectivos especialmente vulnerables; las mujeres migrantes y los menores.
Miembros de la asociación consideran que la actual política migratoria del estado español, con actuaciones como la llegada del Aquarius o la retirada de las concertinas, sólo es una "política de cara a la galería". Denuncian que mientras se construyen centros como el CATE de Crinavis, en Campamento, San Roque, que supone un "macrocentro de detención. Se trata a las personas como criminales".
La APDHA también se ha referido a la labor que realiza Salvamento Marítimo. "Tenemos que estar muy orgullosos de la que actividad que llevan a cabo. Es increíble", valora Ana Rosado, que además denuncia la desarticulación del equipo de salvamento.
"Es una situación desgarradora, intolerable para cualquier sociedad democrática", aseguran desde la organización, considerando como únicas soluciones el establecimiento de vías legales y seguras y la reacción de una ciudadanía que no tolere como normal esta barbarie.]]>
Las más de mil personas que han perdido la vida representan "una cifra horrible", sólo superada en treinta años con la "crisis de los cayucos" en 2006. Así lo ha valorado Ana Rosado, coordinadora de este informe y miembro de la APDHA, desde la que se encuentran recorrieron distintos puntos de la geografía andaluza para poner el foco sobre el drama de la inmigración y criticar las actuales políticas migratorias.
El informe de la APDHA registra un balance de 64.120 personas migrantes que llegaron en 2018 a nuestro país, por vía marítima y terrestre, en busca de una nueva oportunidad. Esta cifra supone casi el doble que en el año anterior y significa el número más alto desde que existen registros. Sin embargo, técnicos de la APDHA advierten que este incremento es "insignificante" respecto al denso de la población española, representando tan sólo un 0,01%.
Según explican desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, este repunte de los flujos migratorios se debe a varios factores, como la política antimigratoria puesta en marcha por los gobiernos de Italia y Grecia, así como la peligrosidad de países de tránsito como Libia, Turquía o Marruecos. Esto convierte a España en una de las puertas favoritas de entrada a Europa.
La APDHA denunciaba ayer en Algeciras las "políticas criminales" del estado español que han causado que las personas muertas o desaparecidas durante el año pasado se multipliquen por cuatro, respecto a 2017. Desde la asociación no sólo ponen el foco sobre estas cifras sino que además advierten que "los actuales protocolos de detención y expulsión vulneran los derechos de estas personas. Se les retienen en lugares no habilitados, como si hubieran cometido un delito", señala Rosado, que critica la falta de asistencia jurídica y subraya la importancia de atender a dos colectivos especialmente vulnerables; las mujeres migrantes y los menores.
Miembros de la asociación consideran que la actual política migratoria del estado español, con actuaciones como la llegada del Aquarius o la retirada de las concertinas, sólo es una "política de cara a la galería". Denuncian que mientras se construyen centros como el CATE de Crinavis, en Campamento, San Roque, que supone un "macrocentro de detención. Se trata a las personas como criminales".
La APDHA también se ha referido a la labor que realiza Salvamento Marítimo. "Tenemos que estar muy orgullosos de la que actividad que llevan a cabo. Es increíble", valora Ana Rosado, que además denuncia la desarticulación del equipo de salvamento.
"Es una situación desgarradora, intolerable para cualquier sociedad democrática", aseguran desde la organización, considerando como únicas soluciones el establecimiento de vías legales y seguras y la reacción de una ciudadanía que no tolere como normal esta barbarie.]]>