El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que nombre a un representante que tenga "una presencia permanente" en la comarca del Campo de Gibraltar con el objetivo de garantizar un seguimiento "cercano y continuo" del futuro tratado sobre la colonia británica.
El alcalde ha destacado la importancia de que exista una interlocución "directa, estable y constante" sobre el terreno, especialmente en un momento "clave" en el que se avanza en la definición de un acuerdo que "tendrá una incidencia directa en la vida diaria de miles de ciudadanos de la zona, así como en el desarrollo económico y social del entorno".
En este sentido, ha subrayado que no se trata solo de alcanzar un acuerdo, sino de "velar por su cumplimiento, su evolución y su correcta aplicación", algo que requiere, ha dicho, de "una supervisión permanente y una presencia institucional activa en la comarca".
El alcalde ha recordado que esta figura ya existió en el pasado, desempeñando "un papel fundamental" como enlace entre el Gobierno de España y la realidad del Campo de Gibraltar, lo que permitió abordar "con mayor eficacia" los asuntos derivados de la relación con el Peñón.
"El Gobierno de Pedro Sánchez anuló esa figura y nosotros exigimos que la presencia del Campo de Gibraltar sea permanente", ha sostenido, considerando "imprescindible" el recuperar esa presencia estable en la comarca, e insistiendo en que el Campo de Gibraltar "no puede quedar al margen de las decisiones que le afectan directamente" y que debe contar con mecanismos ágiles de comunicación y de defensa de sus intereses.
Es por eso que ha exigido que la figura del responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores con presencia permanente en el campo de Gibraltar se recupere y que el ministro José Manuel Albares "no siga por esta política de dejar de lado la importancia que tiene el Campo de Gibraltar".
Para concluir, Landaluce ha reiterado su compromiso con la defensa de la comarca y ha apelado a la colaboración entre administraciones para garantizar que cualquier acuerdo se traduzca en beneficios reales para los ciudadanos.