El edificio judicial del Palacio de Marzales, en Algeciras, continúa generando una profunda preocupación entre los trabajadores, usuarios y organizaciones sindicales debido al estado en el que se encuentran sus instalaciones. El CSIF pedía ayer la dimisión inmediata de la delegada territorial de Justicia por su gestión “imprudente” por ordenar el regreso de los trabajadores al inmueble. CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación al considerar que existe riesgo para los empleados.
Además, el PSOE trasladará la situación esta misma tarde a la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía. La parlamentaria algecireña Rocío Arrabal preguntará al consejero, José Antonio Nieto, si se plantean el traslado del Juzgado de lo Penal a otra sede, ya que desde el Partido Socialista se entiende que es la "única opción viable" teniendo en cuenta las últimas "denuncias" y que "el deterioro del edificio no hace más que empeorar".
Las dos organizaciones sindicales coinciden en denunciar "graves deficiencias en el Palacio de Marzales", entre ellas la existencia de fisuras, apuntalamientos en techos, corrosión de armaduras con pérdida de sección de acero, desprendimientos en cornisas y tejas, desperfectos generalizados en la cubierta y dudas sobre la capacidad portante de los forjados (techos y suelos). A ello se suman humedades persistentes, presencia de hongos, malos olores en distintas dependencias, zonas clausuradas e intransitables, así como el cierre de una puerta de emergencia que ha alterado el acceso habitual de personas detenidas a los calabozos, uno de los cuales permanece inutilizado. Todo ello, según exponen, sin que se haya completado un estudio definitivo que garantice la seguridad estructural del edificio antes del regreso de trabajadores y usuarios.
Acceso al edificio vallado.
La sección sindical de CCOO en la Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía ha reiterado su preocupación por la situación que atraviesan las personas trabajadoras y los operadores jurídicos que prestan servicio en la sede judicial ubicada en el Palacio de Marzales, que acobge el Juzgado de lo Penal, del 1 al 5. La delegada sindical, Clara Leal, alertó en su momento de la "grave situación del inmueble" y se solicitó que el personal, que había sido desalojado previamente, no regresara a dichas instalaciones, "al no reunir las mínimas condiciones de seguridad".
Ante la decisión de la Junta de Andalucía de retomar la actividad en el edificio, CCOO Justicia ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo e instar su intervención.
En la denuncia registrada, el sindicato sostiene que la Delegación Territorial "es consciente del peligro que sufren tanto los trabajadores destinados en el edificio judicial como los usuarios" que acuden habitualmente al mismo de lunes a viernes, cuya afluencia puede oscilar entre 50 y 60 personas diarias, además del personal.
CCOO Justicia ha puesto de manifiesto que el pasado 13 de marzo de 2025 fue el último día en que la Delegación trasladó a los delegados de Prevención de Riesgos Laborales la información relativa a la lectura de diez fisuras detectadas en el edificio, según consta en el documento aportado por la empresa Abrum, con numeración “A17705/25 – 5ª lectura de fisuras”.
Asimismo, el sindicato recuerda que el pasado 4 de febrero se recibió una resolución por parte de la Administración mediante la cual, debido a las inclemencias meteorológicas, se procedía al cierre del edificio para evaluar los posibles daños. Como consecuencia, todo el personal pasó a la modalidad de teletrabajo y, posteriormente, diez personas trabajadoras fueron reubicadas en el edificio de la Plaza de la Constitución.
Igualmente, el 24 de febrero se convocó un Comité de Seguridad y Salud extraordinario en el que, según expone CCOO, la presidenta del comité y el jefe de Infraestructuras manifestaron que se habían adoptado las medidas necesarias y que el edificio “no se encuentra en peligro estructural que impida su ocupación para el desarrollo de las labores propias de los trabajadores”.
Sin embargo, el sindicato sostiene que “cualquiera que visite las instalaciones puede observar el apuntalamiento del techo, humedades y hongos en las paredes, así como olores insoportables en las salas de vistas”. Añaden que lo más preocupante es que una de las puertas de emergencia permanece cerrada. Esa puerta es la utilizada para la entrada de personas detenidas desde el furgón de la Policía Nacional hacia los calabozos, uno de los cuales se encuentra clausurado. Esto obliga, según denuncian, a que las personas detenidas accedan actualmente por la puerta principal, coincidiendo con el público que asiste a los juicios.
Por último, Clara Leal ha señalado que “el día 25 de febrero regresaron las personas trabajadoras de estos juzgados al edificio Marzales, sin que la Junta de Andalucía haya corregido las deficiencias que suponen un riesgo para su seguridad y su salud”.