El PSOE desvela que el Supremo detecta "irregularidades" en la adjudicación del Centro de Interpretación Paco de Lucía

El Ayuntamiento aclara que la sentencia del Supremo sobre el proyecto no conlleva coste económico para las arcas municipales

B. J.
14 de Mayo de 2025
La portavoz del Grupo Municipal Socialista y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, en rueda de prensa con el viceportavoz, Fran Fernández.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha desvelado “irregularidades” en los criterios de adjudicación del Centro de Interpretación Paco de Lucía según la sentencia del Tribunal Supremo con fecha del pasado 3 de abril.

"El gobierno local de Landaluce utilizó con calzador un procedimiento que no se ajusta a la legalidad en la adjudicación del proyecto del Centro de Interpretación Paco de Lucía, y el Tribunal Supremo ha acabado dando la razón a los arquitectos que en su día lo denunciaron, en una sentencia firme que prueba que aquella adjudicación fue una chapuza, cuyas consecuencias vamos a terminar pagando todos los algecireños”, ha señalado la socialista, quien ha añadido que el primer edil ha estado “ocultando” la sentencia a la opinión pública.

Tal y como ha detallado Arrabal ante los periodistas, esta sentencia del Supremo parte de una denuncia de 2019 contra la licitación pública, y los pliegos, convocada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras, ya que “el concurso para la redacción del proyecto y la dirección de obras del Centro de Interpretación Paco de Lucía se topó con la oposición del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, así como con la de los profesionales que quedaron fuera en la adjudicación del proyecto”.

Dicho Consejo presentó un contencioso contra el concurso realizado, mientras que los arquitectos “rechazados” presentaron primero un escrito de queja ante el Ayuntamiento, al considerar que la adjudicación presentaba “irregularidades”, ha continuado explicando la portavoz del PSOE.

Concretamente, el Supremo falla contra la licitación pública efectuada por el Ayuntamiento de Algeciras para la contratación, por procedimiento abierto simplificado, del “Servicio para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de implantación del Centro de Interpretación Paco de Lucía en edificio municipal” del referido Ayuntamiento, declarando nula la cláusula décima (“Criterios de Adjudicación”), del pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato.

Además, la adjudicación del contrato tendrían que haber cumplido dos requisitos: que los criterios de calidad fueran al menos el 51% de la puntuación en el baremo, y que los juicios de valor no superaran el 45% de dicha puntuación. “Sin embargo, el Ayuntamiento dio al precio una mayor puntuación de la legalmente establecida, pero luego aumentó esa cuantía con una modificación, utilizando con calzador un procedimiento que no se ajusta a la legalidad, para adjudicar el proyecto a la empresa que finalmente lo hizo, solicitando posteriormente una subvención, aunque se suponía que había sido su oferta económica la que le había dado la adjudicación… Vamos, una auténtica chapuza”.

Arrabal ha recordado que esta sentencia va a tener “un coste, que vamos a terminar pagando todos los algecireños de nuestro bolsillo”, y ha instado públicamente a Landaluce a dar “explicaciones”.

“Parece ser que con este alcalde la única vía para que se respete la legalidad es acudir a los tribunales, y ahí están también otros ejemplos, como del Llano Amarillo o mal llamado Lago Marítimo, que también fue declarado ilegal, aunque aún no esté la setencia firme”, ha criticado Arrabal.

Seis años después de aquella adjudicación “fraudulenta”, y una vez conocida la sentencia del Supremo, toca preguntarse “si todo se forzó para adjudicar el contrato a la empresa que resultó ganadora, lo que supondría que el contrato, que en estos años no ha parado de sufrir modificaciones, tanto de cuantía como de tiempo, ya estaba adjudicado antes de la licitación”.

El Ayuntamiento dice que la sentencia no conlleva coste económico 

El Ayuntamiento de Algeciras ha aclarado que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con fecha del pasado 3 de abril por el recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos de Andalucía contra la licitación del proyecto, que no de la obra de construcción, del Centro de Interpretación Paco de Lucía no conlleva costes económicos para las arcas municipales.

Desde el Consistorio se explica que en el año 2019, esta entidad colegial presentó un recurso contra la licitación basándose en una serie de aspectos, básicamente dos: el porcentaje de los criterios que figuraban en el pliego, y concretamente si debía contar con un determinado porcentaje de criterios de calidad, y en segundo lugar la valoración de experiencia en proyectos de carácter internacional.

Este recurso contencioso-administrativo fue ganado por el Ayuntamiento en primera instancia, por lo que el Colegio de Arquitectos presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que igualmente fue desestimado y se dio la razón a la institución municipal en todos los aspectos.

Por ello, presentó otro recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora le ha dado la razón en parte al considerar que el porcentaje de los criterios de calidad ha de ser superior al establecido, a pesar de tratarse de un proceso de licitación abierto simplificado en contra de lo que establecieron primero tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cambio, en el tema de la experiencia internacional, el Supremo desestima el recurso del colegio oficial y da la razón al Ayuntamiento, por lo que se trata de una estimación parcial.

Los servicios jurídicos municipales consideran que de esta sentencia no se derivarán consecuencias económicas, ya que no se está hablando de un licitador, que sí tendría derecho a reclamar el tres por ciento del importe de la licitación, sino que trata de un colegio profesional que no ha concurrido a la licitación.

 Además, de esta sentencia se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local el pasado 5 de mayo, por lo que los responsables municipales han estado en todo momento informados de su contenido.

Desde el equipo de Gobierno municipal lamentan que el PSOE “intente hacer un uso torticero de una sentencia que no conlleva perjuicios para los algecireños, y que su portavoz quiera tergiversar la realidad a su antojo, sin base ni criterio alguno, volviendo a hacer lo único que sabe: manejar la máquina del fango, pero una vez más, fracasa en el intento”.