El PSOE de Algeciras ha anunciado que ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción facturas desde el año 2012 del centro médico que gestiona el alcalde, José Ignacio Landaluce, y que han sido aprobadas de manera reiterada en la Junta de Gobierno Local con el voto a favor del propio regidor.
La secretaria de los socialistas algecireños, Rocío Arrabal, considera que en este caso Landaluce presenta un conflicto de intereses y podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas por su cargo. Por todo ello, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía.
Para explicar los hechos denunciados hay que remontarse a 2012 cuando se introducen mejoras en el convenio colectivo de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Algeciras, ostentando ya la Alcaldía Landaluce. Uno de los derechos sociales que se incluye en el nuevo texto, concretamente en el artículo 25, es la subvención al funcionariado de la renovación del carné de conducir. Aunque los funcionarios pueden elegir libremente el centro médico en el que quieren pasar el reconocimiento médico, Arrabal asegura que en torno al 95% de las facturas que pasan por la Junta de Gobierno Local pertenecen al centro médico que dirigie el alcalde.
En este sentido, los socialistas señalan que es "una falta de ética", ya que lo propio hubiera sido sacar este servicio a licitación pública. Sin embargo, ponen el acento en que según el artículo 439 del Código Penal que dice: “La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.
Por todo ello, entienden que el alcalde sí incurre en una supuesta ilegalidad cuando no se ausenta o se abstiene de votar los puntos que recogen esta subvención en la Junta de Gobierno Local, al existir "un conflicto de intereses". Aunque los funcionarios pueden elegir libremente el centro médico donde pasar el reconocimiento, la socialista se ha preguntado "si estarán condicionados de alguna forma por el hecho de que su jefe regente precisamente un centro médico".
"El conflicto de intereses es una puerta abierta a la corrupción", ha subrayado Arrabal, quien ha recordado que el alcalde aún no ha ofrecido explicaciones sobre otras polémicas como las contrataciones en Algesa o el cese de la ex concejal Laura Ruiz como personal de confianza.
ESCOLTAS DEL ALCALDE
Por su parte, el viceportavoz socialista, Fran Fernández, ha criticado que el alcalde lleve dos polícias locales como escoltas cuando él mismo presume de "ser una de las ciudades más seguras de Europa". Un gasto que ha contabilizado en más de un millón de euros desde que Landaluce llegó a la Alcaldía.
Por otro lado, Fernández ha denunciado amenazas por parte del equipo de gobierno cuando solicitó los informes de una obra propiedad de la madre del alcalde. "Recibimos una carta del abogado de esta señora advirtiéndole que nos llevaría a los tribunales si pediamos más documentación".
"Este es el modus operandi de Landaluce, que utiliza el Ayuntamiento como su cortijo infundiendo respeto a base de miedo", ha sostenido.