Representantes del Sindicato de prisiones en Botafuegos-Algeciras Acaip-Ugt, acompañado de un médico del Centro Penitenciario de Botafuegos, han mantenido una reunión con la subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Parajes, para informar de los problemas sanitarios existentes en el centro y para solicitarle su intervención para que se gestione las posibles soluciones en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
El primero de los planteamientos ha sido la petición de test diagnósticos al coronavirus haciendo un cribado entre los trabajadores de las cárceles gaditanas, en base a que el personal de Instituciones Penitenciarias ha sido declarado Servicio Publico esencial por el Ministerio de Sanidad, todos sabemos que las prisiones son instituciones cerradas y que los brotes en su interior podrían tener gravísimas consecuencias, tanto de seguridad como sanitarias, para trabajadores e internos.
«El virus está golpeando la provincia de Cádiz, haciendo mella en todos sus establecimientos penitenciaros, entre ellos Botafuegos y CIS de Algeciras, en concreto tenemos desde el periodo de nueva normalidad de 22 junio a 11 de noviembre en las prisiones gaditanas 66 positivos de los cuales solo se han dado de alta dos, así como una cifra muy alta de cuarentenas», explican fuentes sindicales.
En concreto Botafuegos, tiene la enfermería casi al máximo de su capacidad, ocupada por internos que regresan de permiso contagiados y otros muchos que permanecen en cuarentena; el establecimiento también cuenta con varios funcionarios que han dado positivo al virus, así como numerosos trabajadores que pasan la cuarentena sin que se les hagan test, ni pasen control sanitario alguno e incorporándose de nuevo al trabajo, pero a ciegas y con la posibilidad de poder contagiar.
Los trabajadores consideran «de vital importancia el cribado de los trabajadores que acceden a la prisión, porque se detectarían casos que pudieran producir brotes y se minimizaría riesgos».
Por otro lado, también se le ha pedido su colaboración, con la finalidad de impulsar la Ley 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, por el que se debiera haber transferido la Sanidad Penitenciaria a Andalucía en un plazo máximo de 18 meses, la cual vendría a poner fin a los múltiples problemas que encuentran día a día, facultativos, ATS y auxiliares de enfermería en el desempeño de su trabajo, donde existen carencias en recursos humanos, medios materiales, así como diferencias notables de carácter laboral, dispensando con ello en una mejor atención sanitaria a la totalidad de la población reclusa.