La sección Sindical Acaip-UGT ha acusado al Ministerio del Interior de "desentenderse" de los trabajadores penitenciarios, "denengando la realización de pruebas diagnósticas por Covid-19", y ha lamentado en un comunicado que el centro de Botafuegos, en Algeciras, sea "buena prueba de ello".
Acaip-UGT afirma haber presentado innumerables escritos dirigidos al Subdelegado del Gobierno de la Provincia de Cádiz, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Algeciras (puesto que esto "también va en detrimento de la salud de los internos"), al delegado provincial de Muface, y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, informando a todos ellos de la situación y pidiendo su intervención, con la única finalidad de "garantizar de una vez por todas la salud del colectivo penitenciario".
En este sentido, la sección sindical lamenta que el Ministerio del Interior aún no haya "hecho nada", porque, en su opinión, "sigue mirando para otro lado, esperando a que pase la tormenta, no importándole ni mucho ni poco la suerte de sus trabajadores".
Según el sindicato, el jueves 26 de noviembre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de su secretario general, Ángel Luis Ortiz González, comunicó a los directores de todas las prisiones españolas que "a partir del 1 de diciembre se restablecerán los permisos de salida, así como las Comunicaciones Especiales contempladas en el art.45 R.P.”. Para Acaip-UGT, "las consecuencias de éstas nuevas medidas, encaminadas otra vez hacia otra nueva normalidad, será el contagio de trabajadores, internos y familiares de unos y otros, así como el confinamiento de muchas prisiones españolas, afectadas por la llegada de una tercera ola”.
Las pruebas diagnósticas, sin realizarse
Para la referida sección sindical, el Centro Penitenciario de Algeciras-Botafuegos es de nuevo un "claro ejemplo del desinterés que reina en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para hacer frente a los contagios". Según explican en un comunicado, "el penúltimo conflicto se originó a principios de éste mes de noviembre, cuando, en su turno laboral, un trabajador presentó síntomas compatibles con el Covid-19. Tras la realización de la prueba el diagnóstico fue positivo, por lo que todos los contactos estrechos fueron puestos en cuarentena, por un periodo de 10 días, en concreto más de una decena de trabajadores".
Acaip-UGT añade que "incluso uno de los trabajadores en cuarentena desarrolló la enfermedad posteriormente; sin embargo, no se pudo informar a su entorno laboral por haber transcurrido una semana para que se le hiciera el test diagnóstico, con lo cual estuvieron desempeñando su actividad laboral aún siendo contactos estrechos, asumiendo así un riesgo innecesario muchos componentes de la plantilla".
Según el sindicato, la empresa ASPY "se limitó a hacer (y no a todos los afectados) una llamada telefónica de una duración de no más de 3 minutos por la que cobra 40 euros (más IVA) según contrato de servicios,
sin más control ni seguimiento durante toda la cuarentena".
Añade la sección sindical que la empresa encargada de estas pruebas "tampoco realizó ningún test diagnóstico en contactos estrechos, pero esto último porque el jefe coordinador de los Servicios
de Prevención de la SGIIPP denegó la petición presentada por Aspy para los trabajadores de la
prisión de Algeciras, aclarando que aunque esté contemplado en el contrato, la prueba de
antígenos sólo se realiza para casos extraordinarios".
Desde Acaip-UGT Algeciras se preguntan en su escrito de denuncia qué puede haber más "extraordinario" que una pandemia y sus efectos en recintos cerrados, como puedan ser las prisiones. "¿Por qué no garantizan la protección a la salud de sus trabajadores penitenciarios? ¿Por qué deniega a la empresa de Prevención de Riesgos Laborales la realización de las pruebas diagnósticas a los contactos estrechos derivados del trabajo? ¿Vale menos la salud de los trabajadores del Ministerio del Interior que una prueba de antígenos cuyo valor unitario es de 10 euros?", se preguntan también en el escrito.