La formación Verdes de Europa-Tarifa ha denunciado que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) sigue sin cumplir la obligación de Transparencia establecida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en relación con las analíticas de la arena de la playa del Rinconcillo.
El pasado mes de julio, en una nota difundida, se indicaba que las analíticas del nuevo trasvase realizado en el Rinconcillo podían solicitarse por correo electrónico a la APBA, documentación que —según el grupo— nunca llegó a ser entregada. Tras una reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia, este organismo resolvió el 25 de noviembre otorgar un plazo de diez días para remitir cuatro años de informes, un requerimiento que, según Verdes de Europa, "tampoco se ha cumplido".
La formación ha indicado que “la salud de la ciudadanía está en juego” y lamenta que, a su juicio, la APBA “actúe con indiferencia”.
Verdes ha recordado que llevan años señalando al Puerto como responsable de un “deterioro sistemático” de la Bahía de Algeciras y afirman que, en su “afán de crecimiento ilimitado”, quienes dirigen la entidad “abusan de su poder”. Añaden que las analíticas solicitadas en años anteriores nunca se hicieron públicas y reprochan a los partidos políticos de Algeciras no haber exigido formalmente su publicación.
En esta ocasión, el grupo ha vuelto a dirigirse al Consejo de Transparencia ante lo que consideran “una nueva tomadura de pelo”. La portavoz, Rosmarie Hennecke, ha explicado que, pese a que inicialmente la APBA indicó que enviaría la documentación por correo electrónico, se les requirió posteriormente en dos ocasiones que pidieran una cita presencial. “Quizás es para que tomemos un café con algún responsable, que nos cuente alguna historia y pretenda sacarse alguna foto”, ha señalado con ironía.
Los Verdes han apuntado también al incumplimiento del Convenio de Aarhus, recordando que la institución portuaria “no acepta las directivas europeas, pero sí su financiación pública”. Han asegurado que la entidad “pone en cuestión” el artículo 103 de la Constitución, que fija los principios de actuación de la Administración Pública, y han denunciado la ausencia de estudios de impacto ambiental en varios proyectos.