Los 21 juzgados que hay en Andalucía exclusivos de Violencia sobre la Mujer asumen desde este viernes nuevas competencias --delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital-- sin contar con los diez jueces de refuerzo --de un total de medio centenar-- aprobados para la comunidad. Asumen, según las primeras estimaciones, hasta un 15% más de carga de trabajo.
En 2024, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los juzgados de Violencia sobre la Mujer registraron 58.985 asuntos y resolvieron 57.218. Arrastran una lista de pendientes de 16.502 asuntos. En la citada memoria, el TSJA advertía de que "partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial de 1.600 asuntos como carga de trabajo anual, esa cifra es superada en bastantes juzgados exclusivos, lo que justifica la necesidad de mayor creación de unidades judiciales especializadas en Violencia sobre la Mujer, lo que será del todo punto imprescindible a partir del segundo semestre de 2025 con la entrada en vigor de la nueva asunción de competencias en materia de violencia sexual, conforme a la previsiones de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia".
Concretamente, entre esos juzgados muy por encima de los 1.600 casos se encuentran Cádiz, Algeciras, Córdoba, Granada, Marbella (Málaga) y Sevilla.
"Es fundamental y esencial dotar de más jueces para que la atención a las víctimas de violencia de género no se vea mermada; más aún tras la situación tan grave y lamentable vivida con las pulseras --antimaltrato--, que ha quebrado la confianza de estas mujeres", han apostillado fuentes de la Consejería, que califican de "insuficiente" y ridícula" la decena aprobada para que se incorporen a la comunidad autónoma.
El departamento de José Antonio Nieto lamenta que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se ponga en marcha sin memoria económica, "sin fondos pese a suponer una importante transformación de la Administración de Justicia". En Andalucía, el coste de la implantación se ha calculado que rondará los 56 millones.
La Junta recuerda además que, el pasado mes de mayo de 2025, la comisión mixta del TSJA se acordó, tras estudiar las cargas de trabajo de estos juzgados y teniendo en cuenta el mayor volumen de trabajo que recibirán, que la cantidad necesaria de nuevos jueces era de 22. Es decir, más del doble de lo aprobado por el Ministerio de Justicia. "De nada vale dotar de más funcionarios y medios si no hay más jueces porque esto provocaría un cuello de botella en la mesa del juez ya que cada paso que se da en los casos de violencia sexual tiene que pasar por el juez".
Por último, desde la Consejería se ha solicitado al Ministerio de Justicia "transparencia y claridad" en su política de comarcalización de los juzgados de Violencia de la Mujer. Hasta ahora se han llevado a cabo diversas comarcalizaciones, agrupaciones en un partido judicial de la atención a víctimas de varios partidos pero "sin contar con el criterio de la Junta". "Consideramos que el Ministerio debe homogeneizar y, si considera que esta medida es beneficiosa, que se implante de igual forma en todo el territorio. Y que, además, tenga en cuenta las observaciones de esta Consejería", apostillan.
Así por ejemplo, se han presentado escrito solicitando la modificación de la agrupación de competencias de Córdoba de los partidos judiciales de Pozoblanco, Lucena y Cabra, pues "no responde a un criterio territorial lógico". Se ha solicitado que Lucena, que cuenta además con una nueva y moderna sede judicial recientemente estrenada, mantenga las competencias en esta materia; y que Córdoba las asuma sobre Montoro, Posada, Peñaroya-Pueblonuevo y Pozoblanco. "No hemos tenido respuesta a esta petición, por lo que entendemos que se ejecutará en enero como estaba previsto", sentencian.