El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado por el Gobierno para atender a los afectados por las últimas borrascas. La norma contempla medidas por valor de más de 7.000 millones de euros, destinadas a municipios de Andalucía y Extremadura, siendo la provincia de Cádiz una de las principales beneficiarias debido a la magnitud de los daños sufridos.
La provincia gaditana ha sido una de las más castigadas por el temporal, con inundaciones en numerosos municipios y terrenos agrícolas, daños en comercios, viviendas e infraestructuras y cerca de 7.000 desalojados de los más de 12.400 desplazados en total. Por ello, una parte significativa de los fondos destinados a la reconstrucción tendrá como destino Cádiz.
Las medidas aprobadas beneficiarán a distintos sectores afectados, especialmente a ciudadanos y familias, e incluyen un amplio paquete de ayudas económicas, sociales, fiscales y laborales.
La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha detallado el alcance de estas ayudas, subrayando que “desde el primer momento el Gobierno de España ha estado con los afectados, actuando de manera inmediata con todos los efectivos disponibles como Policía Nacional, Guardia Civil, UME, Carreteras, DGT, Costas y expertos científicos del CSIC en coordinación con todas las administraciones”. Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo “seguirá movilizando todos los recursos necesarios para reconstruir las infraestructuras dañadas y apoyar a las personas afectadas”.
Entre las medidas más destacadas se encuentran ayudas directas de 150 euros por persona y día para quienes han sido desalojados, así como compensaciones por daños personales, en viviendas, enseres, industrias y comercios. Las empresas públicas TRAGSA y Correos colaborarán con ayuntamientos y vecinos en la tramitación de estas ayudas.
En el caso de las viviendas, se establece una indemnización máxima de 60.480 euros por destrucción total de vivienda habitual, eliminando el límite anterior del 50% de cobertura. También se contemplan ayudas de hasta 36.896 euros para daños en elementos comunes de comunidades de propietarios.
Estas ayudas no computarán como ingresos para la percepción del Ingreso Mínimo Vital y estarán exentas de tributación en el IRPF, así como en el Impuesto de Sociedades para las empresas beneficiarias.
En cuanto a las administraciones locales, se prevé una reconstrucción integral de infraestructuras municipales mediante transferencias directas, no préstamos. Por primera vez, los ayuntamientos podrán solicitar el anticipo del 100% de la ayuda de emergencia, evitando así tener que adelantar fondos propios.
El sector primario contará con medidas específicas para paliar pérdidas en agricultura, ganadería y pesca. Destaca la reducción excepcional de las peonadas necesarias para acceder al subsidio y a la renta agraria, que pasan de 35 a 5, así como ayudas de hasta el 30% de lo declarado en 2025, con un máximo de 25.000 euros por explotación agraria o ganadera en los 45 municipios afectados de la provincia. También se contemplan apoyos específicos para el sector pesquero gaditano.
En materia de infraestructuras, el decreto contempla actuaciones para la restauración de caminos rurales, comunidades de regantes y otras infraestructuras asociadas, a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa. Además, incluye un paquete de ayudas para la reparación de cauces fluviales y costeros, infraestructuras hidráulicas municipales, abastecimientos y playas, así como la reconstrucción de carreteras del Estado e infraestructuras ferroviarias dañadas.
Asimismo, se establecerán ayudas específicas para autónomos y empresas que hayan registrado pérdidas y daños como consecuencia de las inundaciones, completando así un plan integral de respuesta ante uno de los temporales más severos registrados en la provincia en los últimos años.