La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la captación y explotación laboral de trabajadores extranjeros en el sector del reparto de paquetería en las localidades de Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios. La operación, denominada "Alibaba", se ha saldado hasta el momento con la detención de diez personas y la investigación de otras dos, así como con la liberación de ocho víctimas y la identificación de al menos veintiséis personas afectadas por las condiciones de explotación impuestas por la organización.
Los detenidos están siendo investigados como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos principales responsables de la trama, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La investigación se inició tras una inspección laboral
Las actuaciones comenzaron en agosto de 2025, tras una inspección realizada en una nave dedicada al reparto de paquetería ubicada en Algeciras. Durante aquella actuación fueron localizados y detenidos cinco ciudadanos extranjeros que se encontraban trabajando en situación administrativa irregular.
Las investigaciones posteriores permitieron detectar la existencia de una estructura criminal perfectamente organizada que obtenía importantes beneficios económicos mediante la explotación de trabajadores especialmente vulnerables.
Las pesquisas determinaron que la organización captaba a sus víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía puestos de trabajo en empresas de reparto de paquetería a personas que atravesaban situaciones de necesidad económica o vulnerabilidad social. Una vez aceptaban las condiciones impuestas, eran alojadas en viviendas gestionadas o alquiladas por los propios investigados, generando una completa dependencia económica y personal respecto de la organización.
Jornadas extenuantes y condiciones de vida indignas
Los responsables hacían creer a las víctimas que formaban parte de la empresa y que sus ingresos aumentarían en función del número de paquetes repartidos. Bajo esta premisa, los trabajadores realizaban jornadas laborales de extrema intensidad, de lunes a domingo, efectuando repartos continuados y manipulando cargas pesadas para alcanzar los objetivos fijados por los investigados.
La investigación permitió constatar que algunos repartidores eran obligados a conducir furgonetas pese a carecer del correspondiente permiso de conducción. Asimismo, en determinados casos, las condiciones de vida eran tan precarias que los trabajadores llegaban a pernoctar en los propios vehículos utilizados para desempeñar su actividad laboral.
Los agentes comprobaron igualmente que la organización ejercía un control constante sobre los repartidores y sobre la paquetería asignada a cada uno de ellos. Cuando algunos trabajadores obtenían autorización de residencia, los responsables les obligaban a darse de alta como trabajadores autónomos, pese a desarrollar su actividad en condiciones propias de una relación laboral por cuenta ajena.
Mediante esta práctica, conocida como la figura del "falso autónomo", la organización evitaba asumir los costes laborales y las responsabilidades empresariales, trasladando todos los riesgos económicos a las víctimas.
Durante la investigación también se detectaron presuntas denuncias falsas relacionadas con paquetes supuestamente extraviados o no entregados, maniobras que habrían permitido a los investigados apropiarse de paquetería que nunca llegaba a su destinatario final.
Tres empresas y una flota de veinte furgonetas
La organización estaba integrada por al menos ocho personas que gestionaban de forma coordinada tres empresas vinculadas al reparto de paquetería y una flota de hasta veinte furgonetas.
Los investigados aprovechaban la asignación previa de determinadas zonas y códigos postales para distribuir la actividad entre las distintas sociedades bajo su control, realizando cesiones de repartidores entre ellas, aun siendo plenamente conscientes de que algunos trabajadores carecían de autorización para trabajar en España. Además, facilitaban la permanencia en territorio nacional de ciudadanos extranjeros en situación irregular, proporcionándoles alojamiento, medios materiales y acceso a la actividad laboral.
En la fase final de la operación se llevaron a cabo tres registros en inmuebles ubicados en Algeciras y La Línea de la Concepción, así como tres inspecciones laborales en distintos centros de trabajo relacionados con la actividad investigada. Durante estas actuaciones fue intervenida abundante documentación relacionada con la organización y el control de los repartidores, localizándose además a varios trabajadores que se encontraban en situación administrativa irregular.
Como resultado de la operación han sido liberadas ocho víctimas de explotación laboral y se ha logrado identificar, al menos, a veintiséis personas perjudicadas por la actividad de la organización, si bien los investigadores no descartan que el número total de afectados pueda ser superior.