El sector de Sanidad de CSIF ha exigido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía una revisión del plan contra agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que en 2025 marcaron récord histórico en la comunidad autónoma. Según los datos facilitados por la Administración hace unos días, el año pasado se registraron 1.976 episodios violentos contra los profesionales de toda la sanidad pública andaluza.
En el caso de la provincia de Cádiz, se registraron 282 episodios violentos, que supone un descenso respecto del año anterior (que tuvo 343 agresiones registradas), pero “sigue siendo una cifra altísima e injustificable en un estado de derecho como el nuestro”, ha señalado Alberto Puyana, responsable de Sanidad de CSIF Cádiz; y más cuando se sabe que hay muchas agresiones que ni siquiera se denuncian; ya sea por miedo, por evitar males mayores o por la desesperanza que provoca el mínimo castigo que se aplica a quien comete este tipo de delito. De los 282 episodios violentos denunciados en 2025, 45 fueron agresiones físicas y 237 agresiones verbales (insultos, amenazas, etcétera).
“La violencia contra los trabajadores es intolerable”, insiste Puyana, quien considera urgente que se actualice el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, “algo que no se hace desde 2020 aunque esté establecido que el plazo máximo es de dos años, y que salta a la vista que no funciona como debería”. Además, reclama que el Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS se reúna para analizar los datos y poner en marcha las medidas preventivas de refuerzo que se requieran.
Para CSIF, la Administración sigue incumpliendo su compromiso de contar con un régimen sancionador contra agresiones, del que el sindicato aún no ha recibido ni un primer borrador. “Necesitamos un refuerzo de las medidas disuasorias porque los profesionales no pueden seguir trabajando con miedo”, subraya el responsable sindical. Mientras, tal y como recoge la memoria presentada hace unos días por el SAS, la provincia de Cádiz, el año pasado, no contó con ningún taller presencial centralizado frente a agresiones (se hicieron 8 en total en Andalucía, repartidas por el resto de provincias), se llevó a cabo un solo taller de formación básica en desescalada verbal (en el Hospital Universitario Puerto Real), y diez simulacros para toda la provincia. “A todas luces, las medidas formativas para capacitar a los profesionales en la gestión de estos episodios, con el objetivo de reducir su impacto y minimizar daños, es totalmente insuficiente”, señala Puyana.
La Central Sindical reivindica que, además de revisar el plan de agresiones y contar con un régimen sancionador, las medidas para acabar con la lacra que supone la violencia contra los profesionales de la sanidad pública también pasan “por reforzar las plantillas en centros de salud y hospitales. La falta de personal no es una justificación de las agresiones, pero a nadie se le escapa que contar con más trabajadores supondría una mejora de los servicios que se prestan y ayudaría a rebajar estos episodios”, explica el responsable del sector de Sanidad de CSIF Cádiz. De igual manera, el sindicato apunta a la necesidad de contar con más personal de seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención.