La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación Medicis II, ha investigado a seis facultativos, entre los que se encuentran directores de centro médico, médicos y psicólogos, por emitir informes fraudulentos de aptitud psicofísica, necesarios para tramitar permisos de conducir, licencias de armas, habilitaciones para ejercer como vigilante de seguridad, titulaciones náuticas o licencia de perros potencialmente peligrosos.
En el curso de la operación policial se han detectado a 21 personas que no cumplían con los requisitos médicos para disponer de la licencia de armas, las cuales ya han sido revocadas, ha informado la Guardia Civil en una nota.
Así, a los investigados se les imputan los delitos de falsedad documental y estafa y, en ciertos casos, el delito de intrusismo profesional o usurpación de identidad.
Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cádiz --competente en la renovación u obtención de permiso de armas y en la habilitación de personal de seguridad privada en el ámbito de guardería rural-- observaron una serie de irregularidades en los informes de aptitudes psicofísicas entregados por los interesados, los cuales habían sido emitidos por varios centros de reconocimiento de la provincia.
En las primeras investigaciones practicadas, se realizó un estudio minucioso de cientos de informes entregados en la Intervención de Armas y Explosivos, detectando en varios de ellos "anomalías". Esto, hizo que los agentes realizaran inspecciones en diversos centros de reconocimientos de la provincia que eran "sospechosos" de haber emitido estos informes anómalos.
Durante meses se realizaron trabajos de investigación y vigilancia de los centros bajo sospecha, lo que permitió detectar que habían realizado informes de aptitud sin que se hubieran practicado los correspondientes reconocimientos perceptivos que establece la ley.
En otros casos, algunos de los investigados habían ejercido actos propios de una profesión sin disponer del título habilitante, y en otros, los facultativos podrían haber dado su conformidad a supuestos exámenes sin haberlos realizado ni siquiera personalmente. Incluso se ha dado el caso de que un farmacéutico jubilado estaba realizando los exámenes para determinar la capacidad visual del interesado.
En las declaraciones recogidas in situ a los clientes por parte de los investigadores antes y después de entrar en los centros de reconocimiento, éstos manifestaban que no habían sido reconocido por algunos de los facultativos y que están obligados a estar presentes en los reconocimientos, y que únicamente habían sido "parcialmente examinados", ocultando los profesionales patologías crónicas que podrían dar lugar a la emisión de un informe de aptitud no apto o apto con restricciones.
Según la Guardia Civil, este tipo de prácticas podría dar lugar a una competencia desleal sobre otros centros que actúan de forma legal y que tienen que aumentar el coste económico al cumplir con el personal obligatorio y el proceso a seguir.
Todo esto permitió determinar que en dos centros de reconocimiento se estaban llevando a cabo prácticas delictivas. Es por eso que se procedió a la investigación de seis personas --tres en cada centro--, como presuntos autores de un delito de falsedad documental y otro de estafa, atribuyendo además a varios de ellos el delito de intrusismo profesional o usurpación de identidad.
En total se han inspeccionado 12 centros, donde se han detectado 14 infracciones administrativas graves y muy graves.
Fruto de estas investigaciones, se ha detectado a 38 personas sobre las que existían "serias dudas" de los certificados de aptitud presentados, por lo que se ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz que acredite sus condiciones psicofísicas.
Hasta el momento, 21 de ellos no disponían de las condiciones necesarias o han renunciado a las licencias antes de pasar por la inspección médica.