La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha adoptado este martes un informe que aboga por reformar el marco comunitario para que las agresiones contra agentes de las Fuerzas de Seguridad y Policiales sean tipificadas como "eurodelitos" y defiende que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas sean consideradas profesiones de "alto riesgo" en el conjunto de la Unión Europea.
Así consta en el informe de conclusiones de la misión de eurodiputados que el pasado mayo viajó a Algeciras y Barbate para examinar las condiciones de trabajo de las Fuerzas de Seguridad destacadas en la zona para operaciones contra el narcotráfico y para el control migratorio.
El documento, que ha salido adelante con 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, no será elevado a votación del pleno del Parlamento Europeo en una próxima sesión porque no se trata de una resolución o posición de la Eurocámara, sino que refleja las conclusiones consensuadas por el grupo de eurodiputados que viajaron en la misión del pasado mes de mayo.
DIFICULTADES PARA REALIZAR LA REFORMA
En este contexto, el documento incluye una enmienda que emplaza a la propia Eurocámara, al Consejo de la UE y a la Comisión a avanzar hacia una propuesta para que las "agresiones contra agentes de la ley sean considerados 'eurodelitos".
En un debate el pasado septiembre sobre esta misión, la Comisión Europea ya avisó de las dificultades de emprender tal reforma porque el artículo de los Tratados que recoge la lista de crímenes considerados eurodelitos se refiere a los más graves --como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico-- y todos ellos tienen una dimensión "transfronteriza" de la que carecen las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.
En cuanto a considerar profesiones de alto riesgo en toda la UE a todos los cuerpos policiales de los Estados miembro, los eurodiputados señalan la necesidad de dotarles de "todas las protecciones legales, económicas y laborales" que esta cobertura implicaría, incluido planes de jubilación anticipada, protocolos de salud y seguridad adaptados a sus necesidades.
CRÍTICAS AL GOBIERNO
El informe final ha salido adelante, además, con dos enmiendas que critican al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación de las fuerzas de seguridad desplegadas en el Campo de Gibraltar. En una referencia promovida por la eurodiputada del PP Elena Nevado del Campo, el texto "toma nota" de que el Ejecutivo, "en contra de los deseos de las familias de las víctimas, concedió un ascenso profesional en agosto de 2025 a los responsables de la operación de febrero de 2024 en la que dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados por narcotraficantes.
Otra enmienda firmada por los eurodiputados de extrema derecha Fabrice Leggeri (Agrupación Nacional) y Mireia Borrás y Juan Carlos Girauta (ambos de Vox), "lamenta" la decisión del Gobierno de "retirar pruebas clave antes de la visita de la delegación --en concreto, la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate--, lo que constituyó un grave obstáculo para la transparencia y el objetivo de investigación de la misión".
El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, por su parte, han asegurado que el informe adoptado por la comisión de Peticiones "no refleja ni el espíritu ni las conclusiones compartidas por la mayoría de los eurodiputados presentes" y, en palabras de la eurodiputado del PSOE Lina Gálvez, ha acusado al PP y a Vox de recurrir a una "politización inaceptable" de una misión que fue aprobada para explorar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad "en toda Europa".
