El acuerdo plenario del pasado 8 de julio, por el que se pretende solicitar, al Consejo de Ministros, autorización para la celebración de una consulta popular sobre la posible conversión de La Línea de la Concepción en Ciudad Autónoma, sólo ha recibido dos alegaciones: una presentada por la Junta de Andalucía y otra, más recientemente, por la Subdelegación del Gobierno de España.
Así lo ha manifestado hoy el alcalde, Juan Franco, recordando que este jueves, 14 de octubre, terminaba, después de veinte días hábiles, el plazo de exposición pública de dicho acuerdo de pleno. El alcalde asegura que ninguna de las dos alegaciones presentadas cuenta, a su entender, con un "sustento técnico adecuado", sino que "se basan únicamente en cuestiones políticas con las cuales evidentemente no podemos estar de acuerdo".
Así pues, la intención del equipo de gobierno de La Línea 100x100 es, según ha anunciado el propio alcalde, acabar celebrando un nuevo pleno, "a la mayor brevedad posible", en el que se responderá a estas alegaciones y se aprobará continuar con la tramitación del procedimiento.
No obstante, añadió Franco, "este expediente tan complejo tendrá que ser estudiado por la Secretaria General del Ayuntamiento, que es la autoridad política de esta Corporación, y con su asesoramiento pues así procederemos".
"Esperamos que podamos continuar con los pasos que estamos dando", comentó el alcalde, que insistió en que "lo que sí ha quedado claro es que tanto el Gobierno como la Junta se han manifestado en contra de esta pretensión que tenemos de que se nos dote de un régimen especial para los problemas singulares que tenemos en nuestra ciudad y, por contra no se nos presenta ninguna propuesta alternativa".
El alcalde recordó que, si bien el Plan Especial de Seguridad está dando "buenos resultados", en cuanto a medidas sociales no se tiene aún información de ninguna. "Seguimos perdiendo puestos de trabajo como consecuencia del Brexit, sigue sin haber una regulación específica para los trabajadores españoles en Gibraltar a la hora de sus cotizaciones sociales, y así podemos seguir, casi, hasta el infinito", lamentó.
El resto del procedimiento legal, paso a paso
Según informó posteriormente el Ayuntamiento de La Línea en un comunicado, a partir de ahora los pasos serán, primero, la celebración de un pleno en el que se estimen o rechacen las alegaciones presentadas y, si procede, se acuerde por mayoría absoluta del número legal de concejales la celebración de la consulta popular.
Una vez acordada la celebración, el alcalde, a través del Presidente de la Junta de Andalucía, solicitará la preceptiva autorización al Gobierno de la Nación en aplicación del art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Se remitirá al Gobierno para su autorización junto con el informe correspondiente, en un plazo no superior a veinte días hábiles desde la recepción del acuerdo plenario.
Simultáneamente, el alcalde remitirá certificación literal del acuerdo y copia del expediente a la consejería competente. Si el Gobierno acordara la autorización de la celebración de la consulta, el presidente de la Junta de Andalucía daría traslado del mismo a la consejería competente para su remisión al municipio interesado en los dos días hábiles siguientes.
A partir de ahí, correspondería al alcalde de La Línea convocar la consulta popular local, mediante decreto, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del otorgamiento de la autorización, fijando los términos de la consulta, la duración de la campaña de información e indicando que corresponden a la Junta Electoral de Zona las funciones de control y seguimiento del proceso electoral. Dicho decreto se publicaría en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.