El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha estado esta mañana en Algeciras para mantener una reunión con el juez decano, Alberto Ruiz. Antes del encuentro en el que se ha tratado la situación del Partido judicial de Algeciras, ha expresado que la nueva sede judicial en la ciudad, que se situará junto a la actual Audiencia Provincial, no van a estar antes de 2025.
Esa futura de la avenida Virgen del Carmen permitirá trasladar los juzgados del Palacio de Marzales y mejorará las condiciones de trabajo de los magistrados y el resto de trabajadores judiciales de Algeciras. "Se están dando pasos pero vamos a tener que ser muy pacientes porque veo que hasta el año 2025 o 2026 no van a estar todas esas edificaciones nuevas porque están en el proceso de licitación y de adjudicación, por lo que vamos a tener que seguir trabajando en unas condiciones no idóneas que hay en algunos juzgados".
Lorenzo del Río reconoció la situación "compleja y delicada" del Partido judicial de Algeciras. "Por eso tenía interés hoy en estar con los Juzgados de Instrucción, para valorar la situación complicada, con cada vez más intervenciones policiales y que da lugar a una dificultad de tramitación y necesidades que quería ver con los propios jueces", ha comentado. Horas después de su entrada al Palacio de Justicia, los trabajadores del Juzgado de Violencia sobre la Mujer han realizado un nuevo paro para protestar por sus condiciones de trabajo. Sobre esto también ha hablado el presidente del TSJA: "Ha asumido más competencias y más amplia, pero no creo que sea una medida equivocada y debería extenderse a otros porque la víctima será mejor atendida, pero es cierto que necesita un funcionamiento óptimo en cuanto a infraestructura y personal".
Jueces y fin del estado de alarma
El presidente del TSJA también se ha referido en Algeciras a la responsabilidad que ha asumido el sistema judicial tras el fin del estado de alarma. Durante su visita a Ceuta, Lorenzo del Río criticó que el poder legislativo no haya aprobado leyes específicas, menos "genéricas", para abordar la pandemia tras la finalización del segundo estado de alarma y que se haya "obligado" a los tribunales a "convertirnos en gestores" de este periodo a la hora de autorizar o no medidas de confinamiento territorial o de limitación de movilidad horaria para combatir la COVID-19. "Nos han obligado a convertirnos en los que gestionemos el fin del estado de alarma", ha expresado
"Es una situación de confusión jurídica", ha reconocido Lorenzo del Río. "Ha cesado el estado de alarma y queda la indefinición de si se puede aplicar la legislación sanitaria que es muy ambigua y muy indeterminada y que está dando lugar dudas e interpretaciones jurídicas que como juez y ciudadano me duelen pero era inevitable y se veía venir porque la legislación del año 86 es muy insuficiente, muy poco clasificadora para medidas muy intensas e indiscriminadas de ciudadanos de suspensión de derechos fundamentales", ha afirmado.
Lorenzo del Río asegura entender a los ciudadanos pero ha comentado que los juristas lo veían venir. "Cuando se estudia un precepto -el artículo 3 de la norma de 1986- vemos que es muy ambiguo y que no utiliza nunca los términos pandemia ni epidemia ni crisis sanitaria, esos solo existe en la ley del estado de alarma y en ninguna otra".