El juzgado de la Línea que investiga la denuncia por supuestos delitos ambientales en los rellenos con los que Gibraltar gana terreno al mar ha sido archivada provisionalmente en una resolución que reconoce que el proceso llega a un «punto muerto» porque las autoridades del Peñón no permiten investigar la zona marítima afectada.
La denuncia fue interpuesta por la Fiscalía de Algeciras en mayo de 2025, tras recibir, a su vez, la denuncia que la organización Verdemar Ecologistas en Acción trasladó a la Fiscalía General del Estado.
En ella la Fiscalía pedía que se investigara si los rellenos con piedras escombreras y otros materiales podían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en una zona declarada en el 2012 Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, por ser un lugar de importancia comunitaria, dentro de la red natura 2000 de la UE.
Motivos diplomáticos
El pasado mes de enero la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Línea de la Concepción plaza número 2 dictó el archivo provisional, que ha vuelto a reiterar el pasado 28 de julio en un nuevo auto para incluir un párrafo que por un “error personal e informático” se había omitido y consideraba «imprescindible añadir».
En ese auto el juez indica que «no existen indicios de que se haya cometido ningún hecho que sea constitutivo del delito denunciado» o «al menos no un delito especificado e individualizado».
Explica que en un informe la Guardia Civil especifica que en relación con el funcionamiento de la cantera La Utrera, donde Gibraltar consigue el material para sus rellenos, «todo es legal y regular».
El juez añade que la Guardia Civil ha manifestado «la imposibilidad de investigar la zona marítima en las que se realizan las obras por no permitirlo las autoridades de Gibraltar, lo cual conlleva a que la investigación llegue a un punto muerto, no por motivos procesales ni judiciales, sino por motivos diplomáticos».
En su auto el juez subraya que la Fiscalía ha pretendido que la autoridad judicial pida al Instituto Oceanógráfico realizar ese informe y que autorice para ello el «auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la zona de especial conservación».
Pero el juez contesta que la Fiscalía «puede acordar las diligencias preprocesales necesarias» y «dar a la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en cada caso, no requiriéndose que dicha petición de auxilio provenga de este Tribunal de Instancia».
En una nota de prensa difundida este lunes, Verdemar Ecologistas en Acción pide más medios para que se puedan realizar las investigaciones judiciales necesarias sobre el impacto medioambiental de estos rellenos.
La organización, que pelea en el juzgado que se le exima o se reduzca la fianza de 10.000 euros que le fue solicitada para personarse en el caso, subraya que «las administraciones competentes deberían asumir un papel mucho más activo en la investigación y protección» de esta zona.
Este trabajo de reclamar una investigación judicial «no debería recaer únicamente sobre una asociación ecologista» que «trabaja fundamentalmente con voluntarios y que se sostiene con las cuotas de sus socios».
«Los rellenos de Eastside o Marina Este afectan a un espacio marino de especial protección y, para Verdemar, la imposibilidad de investigar desde España lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera no puede convertirse en un obstáculo permanente para conocer qué está sucediendo en el medio marino», agrega.
Según esta organización, desde hace 30 años, Gibraltar ha ganado unas diez hectáreas al mar.
La denuncia de Verdemar se produjo tras los rellenos que se realizan para el megaproyecto urbanístico Eastside de Gibraltar, que contempla un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras, ganando más de 300.000 metros cuadrados al mar.
El pasado 18 de agosto, el gobierno de Gibraltar anunció que ganará al mar otros 47.000 metros cuadrados con rellenos en el Westside a fin de obtener el suelo para construir un desarrollo residencial de 2.300 viviendas.